Los colectivos contrarios a la reforma universitaria aparejada al plan de Bolonia que practican la ocupación de espacios universitarios perdieron el pasado 18 de marzo su pieza más emblemática con el desalojo del rectorado de la Universitat de Barcelona (UB), que unas decenas de estudiantes habían convertido en su dormitorio desde hace cuatro meses. La expulsión de 53 encerrados, ejecutada por los Mossos d´Esquadra poco después de las cinco de la madrugada, fue limpia, pero la actuación policial derivó en enfrentamientos violentos con estudiantes en el centro de la ciudad a lo largo de la mañana del pasado miércoles, que se reanudaron por la noche y que se saldaron con siete detenciones y algunas decenas de contusionados y heridos.
La tolerancia del rector, Dídac Ramírez, se había agotado en los últimos días después de un rosario de incidentes violentos y tras llegar a la convicción de que los inquilinos del edificio histórico de la plaza de la Universitat de Barcelona era "gente que no está dispuesta a practicar el diálogo", como él mismo explicó . Ramírez, que durante semanas ha soportado todo tipo de presiones para que acabase con esa situación, pidió la intervención de la policía autonómica, que se sirvió de una orden judicial para irrumpir en el recinto.
La decisión fue bien recibida por el Govern catalán, que le prestó su apoyo a través del conseller de Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. "El rector ha tenido sus razones para ser tolerante durante cuatro meses con los encerrados y seguro que ahora ha tenido razones para acabar con él". La Associació Catalana d´Universitats Públiques (ACUP), que reúne a los rectores y a los presidentes de los consejos sociales de las universidades, arropó de inmediato a Ramírez.
DENUNCIA ESTUDIANTIL
Por su parte, tras los disturbios, el Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (SEPC) criticó "brutalidad" de los Mossos en las movilizaciones por el desalojo del edificio histórico y ha lamentado "el incremento de la represión contra los estudiantes". En un comunicado, pidieron la dimisión del rector, Dídac Ramírez, y de su equipo de gobierno por haber solicitado la intervención de los Mossos, y del conseller de Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, por "apoyar e impulsar la estrategia represiva contra el movimiento estudiantil".
El conseller de Interior, Joan Saura, anunció que ha encargado un informe policial para conocer en detalle la actuación de los Mossos d´Esquadra en las protestas, y ha evitado calificarla hasta tener ese documento, tras lo cual comparecerá en el Parlament para dar explicaciones.
DISCULPAS A LOS HERIDOS
En rueda de prensa, Saura admitió que las consecuencias de las protestas "no le gustan y le preocupan", y ha pedido disculpas a las 81 personas que resultaron heridas, entre ellas 46 Mossos.
El titular de Interior catalán aseguró que los agentes actuaron correctamente en el desalojo del edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) a petición de su rector, pero ha reconocido: "Seguro que hubo algunos errores que han facilitado una situación final que no puede agradar a nadie. Ningún responsable político de Interior puede estar contento con una jornada en la que hay más de 80 heridos." De todas formas, Saura ha situado el origen del conflicto en la actitud violenta de una minoría, y ha destacado que el objetivo y el deber de la policía catalana es preservar el derecho a la manifestación.
