Hace algo menos de un año que Cristina Garmendia tomó las riendas de un ministerio de nueva creación que aglutina las competencias universitarias. A ella le ha tocado lidiar con los recelos y protestas que ha suscitado la adaptación de España al espacio europeo de educación superior en su recta final. Su ánimo afable no parece afectado por esa circunstancia.

¿Por qué hay una oleada de protestas contra el plan de Bolonia?

--Los focos anti-Bolonia están muy segmentados. Eso explica la diferencia que ha habido de respuesta, por territorios y ámbitos, ante la última convocatoria de huelga, que no ha llegado al 2%. Hay colectivos de profesores y estudiantes en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, por ejemplo, que interpretan que la misión investigadora que fomentamos en la universidad supone una amenaza para la dimensión humanística, cuando lo que queremos es que la formación en valores y el espíritu crítico esté muy presente. Y vamos a crear un grupo de trabajo, presidido por Gregorio Peces-Barba, para potenciar esa dimensión.

¿Cree que el profesorado está ilusionado con la reforma?

--Los profesores están realizando un trabajo muy entusiasta en la adaptación de las titulaciones a Bolonia. Ellos son los grandes protagonistas de la mejora de la metodología docente. Tenemos que contar con un sistema en el que los apuntes no puedan sustituir a los profesores, donde el estudiante quiera ir a clase porque esté convencido del valor que añade a su formación el profesor, asistir a un seminario o trabajar en grupo.

Bolonia ha desprivatizado los másteres, por ejemplo, que ahora se ofrecen a precios públicos. ¿Por qué sobresale, pues, el discurso sobre los riesgos de la mercantilización de la universidad?

--Hay confusión. Debería enorgullecernos el saber que la universidad financiada con los impuestos de todos cuenta con activos fruto de su investigación que son de interés para la industria. Sin embargo, algunos movimientos tachan de liberal la actividad de venta de los resultados de la investigación al sector privado. Entonces, yo digo: ¿Es más progresista regalarlos?

Quizá no se ha explicado bien.

--Es cierto, no hemos sabido hacerlo. Hay que explicar que para hacer una política socialmente comprometida debemos ser capaces de que los beneficios empresariales retornen a la institución universitaria. Que parte de la financiación provenga de la transmisión del conocimiento al sector privado no tiene nada que ver con que éste dicte cómo ha de ser la universidad. La transferencia de conocimiento a la sociedad es una de las tres misiones encomendadas a la universidad moderna, junto a la docencia y la investigación, a no ser que se quiera volver atrás. Y eso no tiene nada que ver con Bolonia.

¿Cómo se logra garantizar la colaboración entre la universidad y la empresa sin levantar suspicacias?

--La fórmula pasa por fortalecer las unidades universitarias de transferencia del conocimiento, profesionalizándolas, de manera que se fijen unas reglas transparentes que regular la relación entre los grupos de investigación y la empresa privada y que garanticen su buen funcionamiento. Si somos capaces de llegar a acuerdos que sean visibles donde ganen todas las partes, estaremos en una etapa diferente.

En la última década el porcentaje de becarios apenas ha variado. Y ello dentro de un ciclo de expansión económica.--Hay que hacer algunos matices. Del 2004 al 2008, por ejemplo, ha habido un incremento presupuestario en becas del 58%, que es un esfuerzo muy importante. La política de becas es una prioridad del Gobierno y el compromiso del Ministerio de Ciencia e Innovación es el de duplicar el porcentaje de estudiantes con beca de aquí al 2015. Pasar en seis años del 20% actual al 40%. Con independencia de la situación económica, el presupuesto de becas va a incrementarse año tras año.

¿Qué va a ocurrir con las tasas?

-- La política de becas hay que vincularla con la de tasas. Se puede considerar que el 100% de estudiantes tiene una beca con independencia de su situación económica, porque pagan por curso entre el 10% y el 15%, del coste de la titulación que cursan. Hay otros modelos que van a un porcentaje de universitarios con beca muy superior, pero las tasas académicas son muy superiores. Habrá que analizarlo.

¿Qué se va a hacer primero?

--Lo prioritario es garantizar que nadie se quede sin acceder o permanecer en la universidad por motivos económicos. El debate sobre la política de tasas será amplio y consensuado con las comunidades.

¿Tienen éxito los préstamos?

--El programa de préstamos para los másteres universitarios nunca va a sustituir al programa de becas. Es un herramienta independiente que, en base al éxito que ha tenido, con más de 3.500 solicitudes, ha triplicado el presupuesto.

El ministro de Sanidad le ha pedido un aumento de 3.000 plazas en las facultades de Medicina.

--A mí no me lo puede pedir. Esto es el resultado de un análisis prospectivo que hay que entender y atender. Este ministerio tiene una competencia normativa y acreditativa. La respuesta la tienen que dar principalmente las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia universitaria y sanitaria.

¿Ha llegado el momento de reformar el calendario universitario para acomodarlo al europeo como han propuesto algunos rectores integrados en la CRUE?

--No lo hemos discutido aún. Pero todas aquellas propuestas que nos acerquen a Europa y a promover la movilidad tenemos que estudiarlas y buscar la forma de enfocarlas.

¿La ley de la ciencia va al ritmo previsto? ¿Cuándo estará lista?

--Tenemos el borrador, confeccionado por 25 expertos, abierto a debate interno con otros ministerios, con las comunidades autónomas y con diversos estamentos con el objetivo de llegar a un consenso y de que sea una norma que perdure.

La idea de este ministerio es que pueda estar a punto el año que viene.