El Tribunal Supremo de EE.UU., que tiene una mayoría conservadora, se alineó la pasada semana con la Casa Blanca y permitió que el Gobierno de George Bush siga manteniendo en secreto los nombres de cientos de personas, en su mayoría árabes o musulmanes, arrestadas tras los atentados del 11-S, así como las circunstancias de su detención. "Mantienen el secreto para encubrir el hecho de que arrestaron a árabes y musulmanes inocentes en lugar de a presuntos terroristas", atacó Kate Martin, directora del Centro de Estudios para la Seguridad Nacional, una de las organizaciones que llevó el caso al Tribunal Supremo.

Sin dar explicaciones, la más alta magistratura de EEUU rechazó revisar el fallo de un tribunal inferior de apelaciones, que el pasado junio consideró peligroso para la seguridad nacional levantar el secreto de estas detenciones, porque eso podría ayudar a Al Qaeda.

Un informe emitido ese mismo mes por el inspector general del Departamento de Justicia mencionaba 762 arrestados y denunciaba "problemas significativos" en sus detenciones, incluyendo acusaciones de maltrato físico. Muchos de ellos fueron arrestados por violar las leyes de inmigración, y otros fueron retenidos como testigos materiales de la investigación sobre el 11-S. Según el mismo informe, muchos de los detenidos fueron deportados cuando el FBI comprobó que no tenían conexiones terroristas, tras pasar meses en un limbo judicial. El único procesado hasta ahora por el 11-S es Zacarías Moussaui, un francés que fue detenido antes del 11-S. Las demás detenciones permanecen enterradas en el silencio.