La Federación de Asociaciones de Catedráticos de Universidad (FACU) criticó la pasada semana el borrador de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) por creer que "allana el camino" hacia los rectorados y facilita el acceso a la función pública a "determinados" futuros profesores universitarios. Además denuncia que la propuesta "no ha surgido del necesario debate en el seno de la comunidad universitaria".

A juicio de este colectivo, los cambios planteados son un "importante retroceso" por "cercenar" la participación universal de la comunidad universitaria en la elección de su máximo dirigente y suponen "un sustancial paso atrás" en la defensa de los derechos individuales de los profesores, que quedan en situación de "indefensión absoluta" frente a las universidades.

Luis Ortiz Berrocal, presidente de FACU, indicó recientemente que el diseño de elección del rector "hurta" la capacidad de seleccionarlo a la comunidad universidad confiriéndole esta potestad "con el carácter restrictivo que ello conlleva" al Claustro. No obstante, el borrador presentado por el ministerio deja abierta la posibilidad de que al rector lo siga eligiendo por sufragio universal, si así se indica en los estatutos de una universidad determinada o lo legisla el parlamento autonómico.

Este colectivo de catedráticos también criticó el sistema de acreditación propuesto por "allanar" el camino hacia la situación de funcionario público a "determinados" candidatos "rebajando" las exigencias. A su juicio, esta fórmula vuelve al sistema de "idoneidad" de finales de los años 80, que no supuso --según Ortiz-- una mejora de la calidad de la universidad.

En este sentido, este profesor asegura que si un profesor universitario quiere ser funcionario debe afrontar los requisitos de acceso que son "intrínsecamente exigibles". También considera que si una universidad está interesada en la incorporación de un docente concreto y dicho candidato no desea presentarse a las pruebas de acceso puede utilizar la vía de la contratación prevista.

"ABSOLUTA INDEFENSION"

Ortiz también lamenta la "absoluta indefensión" en la que, a su juicio, se sitúa cualquier profesor acreditado como los catedráticos o los profesores titulares. Esto es porque la condición de acreditado no supone con esta reforma una garantía para quien la adquiere de poder acceder a una plaza concreta. "¿Para qué sirve la acreditación si se le otorga a las universidades un derecho de veto hacia quien no se ajuste al perfil deseado?", concluye.