A la Ley Orgánica de Universidades (LOU), tal y como la aprobó el PP en el año 2001 y que entró en vigor en el 2002, le ha llegado la cuenta atrás. La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, presentó el pasado 27 de octubre un anteproyecto de modificación de esta normativa que pretende que sea debatido durante dos meses por la comunidad universitaria y la sociedad y que el borrador pueda estar en las Cortes al inicio de la primavera. El objetivo de esta reforma --que se prevé aplicar en el próximo curso académico--, según indicó el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, es que no suponga para las universidades "abrir una nueva etapa constituyente" de reforma de estatutos de las universidades que puede ser "muy perjudicial y estéril" en estos momentos.

No obstante, Ordóñez apuntó la necesidad de que en un futuro se aborde una legislación integral de universidades "mucho más flexible", por lo que habría que elaborar una nueva ley.

ELECCION DEL RECTOR

Entre las modificaciones que se plantean figura el modo de elegir al rector de las universidades. Así, el sistema por el que fue elegido Francisco Duque --por sufragio universal aunque el voto era ponderado-- podría cambiar cara a la próxima legislatura y que volviera a ser el Claustro el que decidiera quién gobierna la Universidad de Extremadura. La decisión de hacerlo de un modo u otro dependerá de las autonomías. En caso de que los Gobiernos autonómicos no fijen el modo de elección del rector, los estatutos de cada universidad optarán por uno u otro. Pero mientras que las universidades o las Comunidades Autónomas no decidan el procedimiento se aplicará el sistema de sufragio universal ponderado, tal y como sucede en la actualidad.

SELECTIVIDAD

El sistema de acceso a la universidad que aprobó el Partido Popular nunca llegó a entrar en funcionamiento y quedará definitivamente eliminado en la futura ley. El anteproyecto de reforma de la LOU cierra la posibilidad de que las universidades puedan realizar una segunda prueba de acceso a los alumnos que hayan superado la Selectividad. Además, el nuevo texto deja claro que para el acceso a la educación superior se exigirá una única prueba, "con carácter general, objetivo y universal". Las características de este examen, cuya denominación cambiará, serán fijados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se tramita en el Congreso. La norma establece que la nota de acceso a la universidad se elabore según la puntuación de la prueba y la media del expediente académico. Está por ver qué valor se otorga al examen y al expediente de Bachillerato. El resultado no será una media aritmética, sino que cada materia tendrá una ponderación diferente según la especialidad universitaria a que aspire el estudiante.

PROFESORADO

La selección del profesorado, por su parte, quedará regulada por un sistema de acreditación, que sustituiría al vigente de habilitación, "sin límite" --según matizó Ordóñez-- previo de número de acreditaciones, que valore la capacidad, mérito y competencia. Se requerirá la publicación previa de los criterios y exigencias claramente definidas para la acreditación.

En cuanto a la adquisición de plaza concreta, puede haber dos modelos. Uno en que cada universidad fije los criterios propios o bien un sorteo y ambos pueden ser "incluso compatibles".

Sobre el profesorado contratado --ayudantes, ayudantes doctores, asociados y eméritos-- se deja a las universidades y las leyes de las CCAA que decidan los tipos de contratos --docentes, docentes investigadores o investigadores--. Estos podrán ser temporales o indefinidos.

Para los catedráticos de Escuelas Universitarias --cuerpos "a extinguir"-- se prevé su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad si lo solicitan. En el caso de los profesores titulares de Escuelas Universitarias --también "a extinguir"-- se regula su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad si son doctores con seis años de actividad investigadora evaluada positivamente.

FINANCIACION

Preguntado por la financiación de la universidad pública, Ordóñez recordó que las competencias están traspasadas a las comunidades autónomas y se remitió a la comisión que estudia este asunto y al informe que emita para ver en la conferencia sectorial "cómo se incrementa" la financiación de los programas docentes.

Para el ministerio, esta propuesta otorga un "importante" respeto a la autonomía de las universidades.

OTROS ASUNTOS

Además, en el anteproyecto también se contempla la conversión de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en un órgano público, que se regulará por ley dentro de un año. También se establece la constitución de la Conferencia Sectorial de Universidades y un Consejo Estatal de Estudiantes, que se complementará con una carta de derechos y obligaciones de los alumnos. Para el Consejo Social, según avanzó Ordóñez, se prevé conceder una mayor "legitimidad" al nombramiento de sus miembros y propuso que ello le corresponda a cada Parlamento autonómico. Respecto a la composición de este órgano, el secretario de Universidades hizo hincapié en la importancia de la presencia de los agentes productivos, empresarios y sindicatos.