El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) --organismo dependiente del Ministerio de Educación-- que agilice sus trámites y que establezca baremos numéricos y "haga un explicación suficiente" para hacer sus evaluaciones del profesorado, según informó el adjunto segundo al Defensor, Manuel Aguilar, la pasada semana. Un tirón de orejas que se produjo gracias a la queja interpuesta en esta institución por los profesores de la Universidad de Extremadura Carlos Javier Pérez Sánchez y Eva González (cuya identidad ha hecho pública la Aneca). Elaboraron un informe centrado en dos aspectos: la "tardanza" de este organismo en sus resoluciones y la "insuficiente" motivación de las mismas.
Aguilar aclara que "es cierto que la doctrina del Tribunal Supremo reconoce que en ese proceso no es necesario establecer baremos cuantificables pero dado que se trata de un proceso de acreditación y validación, cuanta más transparencia haya, mejor".
OIDOS SORDOS
Pero tanto la ministra de Educación Pilar del Castillo como la propia Aneca, dirigida por Ismael Crespo, parecen haber hecho oídos sordos a esta recomendación, según se desprende de sus declaraciones.
La titular de Educación dijo desconocer el Informe del Defensor del Pueblo sobre la Aneca, pero que ésta "funciona sin problemas dignos de mayor mención" y actúa dentro de su "marco legal".
Por su parte, un portavoz de la Aneca sostiene que las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre el sistema de evaluación a profesores no han sido "muy estudiadas" y resultan "contradictorias".
Según esta fuente, agilizar los trámites "no tiene sentido" ya que al no ser un organismo público "no se le puede exigir un plazo". Una apreciación que ya se incluye en el informe del Defensor del Pueblo. También dice que viene realizando informes en unos plazos de entre cinco y siete semanas cuando están "permitidos" hasta tres meses.
La LOU hizo temblar a un buen número de docentes universitarios que no formaban parte del cuerpo funcionarial. El motivo es que tras la entrada en vigor de esta ley, es preciso que la Aneca haya evaluado positivamente al contratado. Es decir, no podrán trabajar como docentes aquellos que no superen esta prueba.
En la universidad extremeña más de 600 profesores que ejercen su trabajo contratados bajo un régimen administrativo, como se contemplaba antes de la entrada en vigor de la LOU, se tienen que adaptar ahora a un régimen laboral y su futuro como profesores está en el aire sin este visto bueno.
1.753 RECHAZADOS
La Aneca también tuvo que hacer la pasada semana cuentas al respecto, en respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Jaime Lissavetzky, que preguntó sobre los resultados obtenidos por los profesores en el marco del Programa de Evaluación del Profesorado. Los datos fueron de lo más optimistas para la Agencia, al asegurar que hasta el 1 de enero 6.259 candidatos a profesor contratado se han presentado a este examen y el 72% de ellos lo ha pasado. O lo que es lo mismo, 1.753 aspirantes quedan fuera.
