Los presos retenidos en la base naval de Guántanamo (Cuba) como presuntos miembros de grupos islamistas radicales no tienen el derecho de intentar demostrar su inocencia. Están aislados en celdas de 5 metros cuadrados de las que salen una hora al día y llevan casi 2 años bajo interrogatorio. Hay presos de 13 o 14 años y de 80.
La semana pasada la situación judicial de estos detenidos dio un paso hacia delante, aunque ellos ni siquiera lo sepan. La más alta instancia jurídica estadounidense aceptó examinar, por primera vez, si estos prisioneros deben tener acceso o no a los tribunales de ese país. Una victoria para los abogados de 16 presos (2 ingleses, 2 australianos y 12 kuwaitís).
Los argumentos de la primera potencia para no conceder este derecho a los 42 retenidos son que no son ciudadanos de EE.UU. ni están confinados en territorio estadounidense. Además, los ha declarado "combatientes ilegales", un calificativo que implica la supresión del derecho de amparo en las normas de trato de los prisioneros de guerra que marcan las convenciones de Ginebra.
