Las reformas introducidas por los gobiernos autonómicos en el sistema de financiación, a través de las competencias que tienen traspasadas, han roto el principio de solidaridad interregional del modelo vigente. Esa es la principal conclusión de la tesis doctoral que ha realizado Elena Manzano, dirigida por Francisco Alvarez Arroyo e Isaac Merino Jara,calificada con sobresaliente cum laude .

Manzano ha llevado a cabo un estudio a fondo sobre la autonomía financiera de todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen foral específico. Y tras analizarlo asegura que "algunas de las últimas reformas financieras no han sido muy respetuosas con estos principios, no se han desarrollado en igual proporción que otros como el de la libertad económica". Es decir, bajo su punto de vista no se han respetado los preceptos fijados en el artículo 156 de la Constitución y, por tanto, se están originando importantes diferencias entre las comunidades autónomas.

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Según esta tesis, el principio de solidaridad se manifiesta principalmente a través de la suficiencia financiera, o lo que es lo mismo, la capacidad de un territorio de cubrir sus gastos a través de los ingresos que genera a través de los recursos propios (impuestos). En este sentido, Manzano apunta que muy pocas regiones son autosuficientes --sí lo son, por ejemplo, Madrid y Baleares, que "disfrutan de un alto potencial recaudatorio"--. En el caso de Extremadura, recuerda, estas carencias en la financiación deben ser compensadas: "No somos autosuficientes con los recursos que nos proporciona el sistema y por ello el fondo de suficiencia debe compensar el déficit de nuestra financiación". De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado del 2008, este año la región ha percibido 97 millones de euros de este fondo de recursos con el que se pretenden compensar las desigualdades regionales.

Ante esta situación, Manzano sostiene que, de cara al futuro, las comunidades autónomas tenderán a crear nuevos impuestos para intentar cubrir el gasto de la prestación de servicios. Y en este sentido la reforma del sistema de financiación, en la que trabajan actualmente la Administración central y las autonómicas, debe garantizar el principio de solidaridad.

SERVICIOS BASICOS

La investigadora Elena Manzano también sostiene en su estudio que limitar la solidaridad a los servicios básicos --por ejemplo a la sanidad y a la educación--, como defienden desde Cataluña y la Comunidad Valenciana, perjudicaría a las regiones con más dificultades para financiar las prestaciones sociales, como Extremadura. "El fondo de suficiencia no podría cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto de cada comunidad y su capacidad fiscal", defiende la autora.