El pleno del Ayuntamiento de Don Benito procedió el pasado martes, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del PSOE, a la aprobación inicial de una ordenanza reguladora del consumo de bebidas alcohólicas y prohíbe su venta e ingestión en la calle.

Esta ordenanza municipal introduce medidas para regular los mecanismos de control, así como las prohibiciones y limitaciones de las actividades promocionales publicitarias o de suministro.

Como se indica desde el equipo de gobierno, se pretende crear un "marco estratégico con capacidad para detectar e intervenir sobre los adolescentes y jóvenes consumidores de alcohol con el objetivo de reducir los riesgos y los daños secundarios al consumo, así como reducir al mínimo el consumo".

En este caso, el consistorio promoverá e impulsará campañas informativas que conciencien sobre los efectos del consumo abusivo de alcohol, y promoverá actuaciones educativas, formativas y de sensibilización que potencien el valor de la salud en el ambito individual y social.

La ordenanza contempla que no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores o en días de ferias o fiestas patronales.

VENTA SIN LICENCIA Tampoco se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que carezcan de licencia para tal fin, prohibiéndose la existencia de mostradores, ventanas o huecos que hagan posible el despacho de bebidas a personas situadas en la vía pública.

Respecto a las sanciones, la autoridad municipal podrá adoptar las medidas cautelares adecuadas, como la suspensión de la licencia de actividad, cierre temporal del establecimiento, retirada de los productos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.

SANCIONES En este caso, la alcaldía es competente para imponer sanciones por la comisión de distintas infracciones, en función de su grado. Las infracciones de grado mínimo tendrá multas de hasta 300 euros. Las de grado medio, multas entre 300 y 1.500 euros; y las de grado máximo de 1.500 hasta 12.000 euros.

Dentro de este apartado se incluye la posibilidad de que los menores que incumplan la ley, puedan realizar actividades sustitutivas, ya sean formativas o en beneficio de la comunidad, alternativas a la multa. Además, en caso de ser menores los infractores, se informará a los padres o tutores.