El grupo municipal de IU en Villanueva, acompañado de su secretario general, Víctor Casco, anunció ayer que emprenderán acciones políticas y judiciales para impedir "que el promotor de la empresa que pretende poner en marcha una fábrica de preservativos en esta población reciba un sólo duro de todos los extremeños a través de las ayudas que concede la Junta, o ventajas del municipio porque tiene cuentas pendientes en Cataluña".
Los argumentos que ofrecieron, tanto la coordinadora local, Encarna Muñoz, como el máximo responsable regional de la coalición, es la actuación que el empresario interesado, Diego Barco, ha realizado en Cataluña.
Según documentación recopilada por IU, compuesta por sentencias, informes laborales del enlace sindical de CCOO en Cataluña y de algunos de sus antiguos trabajadores, este empresario habría cerrado empresas en esa comunidad dejando deudas a las que hacer frente, entre ellas las indemnizaciones de los trabajadores que, dijo Muñoz, tendrán dificultad incluso para cobrar el Fondo de Garantía Social.
Por este motivo, Casco informó ayer de que pondrán a disposición de la Sofiex (Sociedad de Fomento de Extremadura), esta documentación para que sea incluida en el expediente y no le den el permiso de instalación, porque "este hombre no pagó sus deudas alegando que estaba en quiebra, sin embargo, ahora dice que invertirá ocho millones de euros. Eso no se entiende", reiteraron.
La fábrica de preservativos se instalaría en la finca municipal Montepozuelo, donde el equipo de gobierno aprobó recientemente en comisión de urbanismo la enajenación de 40.000 metros cuadrados para ello (que en un principio iban a ser 25.000 metros cuadrados). Para Casco, el número de empleos que creará "es demagogia, puesto que luego los queda en la calle, como en Cataluña".
