WEw l Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer la segregación de Badajoz del municipio de Guadiana del Caudillo. Nada tendría de llamativo el caso si no fuera porque el proceso que ha desembocado en la independencia de esa localidad se ha convertido, y con toda razón, en un asunto más político que administrativo por cuanto la Junta no ha puesto pegas a que el municipio conserve el apellido "del Caudillo". Que Guadiana cumple los requisitos de la legislación sobre la segregación de municipios, nadie lo duda; que la voluntad de sus vecinos es lograrla y que las administraciones competentes deben respetar esa voluntad, tampoco es objeto de polémica: para eso no es necesario escudarse en dictámenes ni informes jurídicos "concienzudos", según el adjetivo empleado ayer por la Junta. Sí es controvertido, cuando no ilegal, que un municipio que nace lleve en su nombre al autor de una sublevación militar contra un gobierno legítimo; al responsable de una guerra civil que causó un millón de muertos, muchos de los cuales aún no han encontrado la paz de un enterramiento con la mínima dignidad exigible a una sociedad democrática. Y en este sentido, la Junta, al aceptar que Guadiana siga llevando el apellido "del Caudillo", no es que no haya observado la Ley de Memoria Histórica, sino algo anterior a ella: no ha observado el espíritu con que se hizo la Transición, que obligaba a ir borrando los símbolos que trajeron tanta división y tanto dolor a los españoles. Ayer Franco ganó en Guadiana. Un día triste para la Constitución y para lo que ella supone.