La Comisión para la revisión del modelo de Financiación Autonómica, constituida por 5 expertos designados por la Administración del Estado y 16 designados por las comunidades autónomas ha publicado en Julio sus propuestas para modificar un sistema vigente desde 2009. El informe tiene 90 páginas aprobadas por mayoría y 70 páginas de votos particulares, que reflejan las dificultades para llegar a acuerdos aceptados por todas las comunidades autónomas. Un grupo de 6 personas, designadas por la Asamblea, elaboramos en el primer semestre de 2016 un documento de 120 páginas, en el que se fija la posición que creemos debe tener Extremadura en una negociación cuyo resultado será trascendental para financiar nuestros servicios de salud, educación y dependencia.
En cada acuerdo sobre financiación se toman dos decisiones que definen la cantidad que recibirá cada territorio: el volumen total de recursos a distribuir y los criterios de reparto. En la última liquidación, correspondiente a 2015, la cantidad total percibida por las comunidades autónomas de régimen común fue de 86.203 millones de euros. Extremadura recibió 2.677 millones de euros.
En palabras de Alain Cuenca, representante de Aragón, «los expertos designados por el Estado se niegan a reconocer que la reforma del sistema de financiación requiere que haya más recursos en el mismo» y «si no hubiera más recursos, más de la mitad de las comunidades podrían salir perdiendo». Establece en 13.000 millones adicionales la mínima cantidad necesaria. Para ello la Comisión propone elevar la capacidad de las Comunidades para fijar copagos, dotar a las comunidades autónomas de un tramo autonómico de IVA e introducir la contribución de las comunidades forales.
En nuestra aportación al documento de Extremadura valoramos que «los fondos adicionales a incorporar al modelo deben ser al menos de 12.000 millones de euros. Sólo así se podría incrementar el presupuesto sanitario en un 1% del PIB y el de educación en un 0.8%». Para nosotros, la superación de los desequilibrios de una forma justa, debe hacerse mediante los impuestos directos, aumentando el IRPF para rentas superiores a 60.000 euros, simplificando y aumentando la transparencia del impuesto de sociedades y eliminando las sociedades-pantalla utilizadas para la elusión fiscal.
La segunda decisión se refiere a los criterios de reparto. Definir las necesidades de cada comunidad será crucial para establecer transferencias de nivelación. El criterio fundamental para ello es la población. En el acuerdo de 2001, este criterio se corregía valorando la superficie del territorio en un 4.2%. Desde 2009 el criterio de población se corrige con la superficie en un 1,8%. Como explica Sandra León «el reparto no se inspiró en la fórmula, sino que ésta acabó siendo ajustada para justificar una distribución de recursos viable políticamente» y en un artículo reciente (El País 9 de Agosto) «los modelos de financiación han integrado elementos aparentemente técnicos que en realidad responden a la negociación política».
La posición de la Comisión es idéntica a la que viene manteniendo Ángel de la Fuente (Fedea Policy Papers- 2015/07), uno de los expertos propuestos por la Administración del Estado: «deben mantenerse las correcciones geográficas actuales y sus posibles cambios deberían ser consistentes con la evidencia empírica existente». Se piden ahora criterios técnicos para modificar una decisión que se tomó con criterios políticos.
En las conclusiones de nuestro informe se defiende que «en el ámbito sanitario, resulta fundamental el cálculo de necesidades con medición del coste real de los servicios esenciales ponderando en mayor medida variables como la densidad de población». Extremadura, con 41.000 km2, necesita mantener a diario más de 100 puntos de atención continuada, 16 unidades móviles y 13 urgencias hospitalarias. Comunidades como Madrid distribuyen una población de un millón de habitantes en poco más de 1.000 Km2. En nuestro informe aportamos evidencias de las diferencias de coste entre nuestras áreas de salud. El incremento de costes que supone la superficie del territorio tiene un peso muy superior a la ponderación que se le dio en el acuerdo de 2009.
Las simulaciones evidencian que dar un mayor peso a las variables geográficas se traduce en millones de euros y en miles de profesionales en nuestros servicios públicos. En el documento de Extremadura también establecíamos la necesidad de ponderar en mayor medida variables como la pobreza por su dependencia de los servicios públicos esenciales. La nivelación de los servicios públicos fundamentales debe constituir un mínimo irrenunciable para Extremadura. Para corregir la desigualdad entre los territorios debe exigirse mayor aportación de los territorios con mayores rentas y la disponibilidad de más recursos en las comunidades con mayores necesidades. Estas son las de mayor superficie y menor renta.
