España es el país que mayor superficie terrestre protegida aporta a la Unión Europea (Anuario de Europarc, 2016), ya que la red de espacios naturales alcanza el 13 por ciento de la superficie nacional (segundo país más extenso de la Europa comunitaria).
Extremadura, contribuye con 1.300.000 ha., casi un 23% de la superficie terrestre total de la España protegida ambientalmente, cuando su territorio supone sólo el 8,2% del país. Esto significa que la Comunidad Autonóma extremeña contribuye a la conservación de la naturaleza tres veces más de lo que implica como espacio geográfico. Y todavía algunos insisten en que debería proporcionar a la U.E. el 75% de su territorio protegido. ¿Pero de dónde han salido? ¿Qué criterios usan? ¿Contemplan las necesidades reales de la gente que reside en esos lugares? ¿Entonces, por qué insisten en que es la solución para el desarrollo de los pueblos?.
De hecho, en Extremadura ninguna, y repito, absolutamente ninguna de las zonas protegidas tiene ahora mayor actividad económica y más habitantes que hace 15 o 20 años, cuando fueron declaradas. Con lo que había que replantearse este discurso falaz que tantas privaciones está generando entre los habitantes rurales al ver como cada año los pocos jóvenes que afloran se van definitivamente hartos de esperar las ventajas prometidas de empleo y llegada de turistas. Al final es mayor el número de habitantes que se van para siempre (sumando a los que emigran las defunciones, en aumento progresivo) que los visitantes eventuales, con prismáticos para los pájaros de nuestras estepas o telescopios para ver los astros de nuestros límpidos cielos, cada vez más estrellados por las luces que se apagan en los hogares que cada año cierran definitivamente.
Si hacemos la comparativa de la superficie protegida en función de la población, observamos que Extremadura es la región con más extensión de superficie geográfica protegida de toda Europa en función de su población (1,27 ha protegida por habitante), frente a una media nacional de 12 veces inferior (0,11 ha/habitante).
Por todo ello es inadmisible que la rigidez conservacionista se haya impuesto incluso en nuestros embalses artificiales que, inexplicablemente y sin justificación científica, han sido declarados ZEPAs y nada se puede hacer, frente a otros en países de la UE donde no tienen limitaciones, inclusive insertos en la misma cuenca hidrográfica, como ocurre con la presa de Alqueva (río Guadiana en el tramo portugués), sin restricciones para su aprovechamiento interior y en toda la región de Alentejo, con una características fisiográficas (relieve, suelo, clima...) y ecológicas (vegetación y fauna) idénticas a Extremadura, con la única diferencia terminológica, dado que aquí al paisaje de encinas y alcornoques lo denominamos dehesa y allí se llama «montado».
Abundando en los embalses existe tal desconexión en las políticas ambientales europeas que los resultados son totalmente opuestos. Sirva como ejemplo que en Francia la semana pasada empezó demolerse la presa de Vezins para que el río Sélune corra libremente y puedan surcarlo de nuevo los salmones, anguilas, alosas, etc.. Y aquí nos empeñamos en proteger unas láminas de agua retenidas por hormigón y demoler todo lo que se construya alrededor, caso de Valdecañas. No me opongo a los pantanos, al contrario, son muy necesarios en este clima mediterráneo (ya los iniciaron los romanos en Emérita Augusta), pero no hay argumentos para declararlos áreas naturales, eso sólo se puede hacer desde la ignorancia o la estulticia, siendo el daño que se le causa a la región en sus expectativas turísticas diferenciales respecto al resto de España por sus recursos hídricos (un tercio del agua dulce almacenada está en ambas cuencas extremeñas), es tremendo.
Ahora bien, lo más paradójico de todo esto es que los grandes lagos naturales de toda Europa (Como, Leman, Di Garda, etc) no sólo están rodeados de ciudades florecientes en sus márgenes, sino que mantienen un uso intensivo en su aprovechamiento, lo que redunda en su atractivo turístico y apoyo a la economía de esas zonas.
En Extremadura, las restricciones impuestas desde los despachos, sin contemplar las opiniones y deseos de quienes residen en la zona, van contra la propia conservación de la naturaleza, pues si la población emigra y se abandonan los campos de cultivo también lo harán los animales salvajes por no encontrar alimento para su estancia y reproducción. Así de simple y así de difícil de entender. Creo que se abre una nueva etapa política, con mayoría estable, que debe abordar decididamente el proceso de conversión de Extremadura en el Serengueti de Europa, salvo que lo mismo que «quien contamina paga, quien conserva cobra», y pondremos valor a las subvenciones para cada grulla, cigüeña, buitre, águila, cernícalo o lagarto ocelado que se asiente en nuestra geografía.
