El concepto de pobreza energética suele asociarse al invierno, y las medidas que la Administración pone en marcha para las personas que tienen serios problemas para pagar la factura de luz, gas o agua tienen una especial incidencia en épocas de frío. La reciente sentencia de primeros de julio contra Endesa solidifica los efectos de la ley 24/2015, que prohíbe a las compañías suministradoras efectuar cortes si se produce el impago por falta de recursos económicos. Y cuando pensamos en cortes, nos remitimos casi siempre a la calefacción, donde la vulnerabilidad de los sectores más amenazados por la pobreza se hace cada vez más visible. Pero existe también pobreza energética en verano. Y no es menos dolorosa o acuciante, puesto que el calentamiento global es ya una notoria evidencia y provoca efectos devastadores en aquellos hogares que ven como peligran los mínimos indispensables para la existencia. No es una cuestión de más o menos comodidad sino una emergencia de salud. La falta de recursos ante las olas de calor (se calcula que un 10% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda) tiene consecuencias alimentarias, higiénicas y sociales de primer orden. Conviene recordarlo justo ahora, y en la perspectiva de un futuro ambientalmente amenazador.
