La ciudadanía tiene ya una conciencia clara de que estamos ante una emergencia ambiental y es necesario tomar medidas de calado para reaccionar. La negación del calentamiento global es estadísticamente ínfima, la inmensa mayoría reclama esfuerzos a los gobiernos y está dispuesta a modificar aspectos de su vida cotidiana y el 57% aceptaría pagar más impuestos verdes, según una encuesta del Instituto Elcano. Esfuerzo, este último, al que, sin embargo, no estaría dispuesto el restante 43%. Una imposición fiscal disuasoria y restricciones de acceso para los medios de transporte u otras actividades menos sostenibles serán imprescindibles para hacer realidad el inmenso cambio de hábitos necesario para reducir en lo posible las dimensiones de la crisis a la que nos enfrentamos. Sin embargo, tras este planteamiento late un peligro. Que el incremento de impuestos sobre combustibles fósiles y la necesidad de sustituir los vehículos más envejecidos supongan una carga económica asumible para unos pero inviable para los sectores con menos poder adquisitivo. La lucha contra la emergencia climática que nos amenaza debe evitar la creación de una nueva brecha de desigualdad. Será necesario que cada medida de ajuste a la nueva realidad incorpore elementos de progresividad y medidas alternativas asequibles, como el refuerzo del transporte público allí donde la circulación del coche privado se deba restringir.
