Acaba de concluir la Cumbre del Clima más mediática desde 1997 (Protocolo de Kyoto), la denominada COP25, o sea la vigésima quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y ha sido mediática porque ha aparecido en escena un nuevo «actor social», como se les llama ahora, la adolescente sueca Greta Thunberg, que se ha erigido en adalid del clima anunciando el apocalipsis final del planeta si los políticos no actúan.
Lógicamente este evento internacional acabó en un rotundo fracaso porque el papel que debería haber correspondido a los científicos para exponer sus datos y teorías, inclusive los que mantienen hipótesis distintas, fue asumido por cantantes, actores y políticos, que a juzgar por sus análisis deben ser grandes expertos en materia climática para dar lecciones al personal de cómo deben actuar para salvar la Tierra. Se les ha olvidado que sus propuestas no se ajustan nada a la realidad de un mundo que va a sumar en los próximos 25 años 1.500 millones de nuevos habitantes (población similar a la existente al inicio del siglo XX) y que, además, hay 5.000 millones de personas actualmente que aspiran a vivir tan ricamente como en Europa, Japón o USA. ¿Cómo evitar el derecho de los pobres a su desarrollo económico y social?
La respuesta que debe darse en la próxima COP26, a celebrar en Glasgow, no puede ser otra que la revisión conceptual y metodológica, así como las variables que integran las denominadas Balanzas Comerciales y el PIB, porque en estos momentos de globalización económica han periclitado las teorías tradicionales. En este sentido, sirva a modo de reflexión, para encarar seriamente el problema, lo que ocurre con Extremadura dentro de España y de la Unión Europea, extrapolable a muchas regiones de los países en vías de desarrollo, como paso a exponer.
Si seguimos considerando, como hasta ahora, que el valor de los productos industriales, tecnológicos, alimentarios, etc. suponga que quienes más transformen y exporten más ricos son cada vez pero que, simultánea y paradójicamente, para generar esos bienes de consumo se emiten ingentes cantidades de dióxido de carbono que dañan la salud de todo el planeta. Sin embargo, en este sistema de intercambio desigual no se contempla el papel de las «regiones sumideros de CO2», que reciben los gases contaminantes de otras, los transforman y convierten en oxígeno para el uso y disfrute de la humanidad, puesto que la atmósfera no tiene fronteras.
En ese sentido, Extremadura, con casi 3 millones de hectáreas forestales y unos 600 millones de árboles, de acuerdo con los cálculos medios ofrecidos por varias universidades (con sus oscilaciones) absorbe anualmente el dióxido de carbono expelido por todos los coches de la Unión Europea en ese mismo periodo. Consiguientemente, si el Parlamento de la UE acaba de aprobar la Emergencia Climática porque considera al CO2 responsable del calentamiento global, Extremadura debe contemplar en su futura estrategia de desarrollo la reclamación en su factura del pago por los Servicios Ecosistémicos que presta a Europa. Por la misma razón que si el país que más produce más gana y quien contamina paga, pues quien conserva el ambiente y absorbe los gases emitidos por otros debe cobrar por esta prestación ambiental y de calidad de vida al resto de la sociedad.
Y esos argumentos esbozados para Extremadura son igualmente válidos para el resto de regiones del mundo que cumplen con sus bosques idéntico papel ecosistémico, pues de no transferir recursos para los países subdesarrollados y en proceso de expansión demográfica, éstos acabarán, como estamos viendo, deforestando para conseguir más tierras para la agricultura y la ganadería que les permitan alimentar a su población y mejorar sus exportaciones. Con lo que seguiremos con mensajes y discursos vacíos de compromisos reales. Consecuentemente, en las siguientes Cumbres Climáticas si no introducen estas perspectivas que incorporo seguirán fracasando, porque sin justicia ambiental no hay desarrollo social.
*Profesor universitario.
