Las grandes empresas tecnológicas (Google, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera) pagaron en España 28 millones de euros de impuestos correspondientes a los beneficios del 2018. La presión social de los últimos años ha surgido un tímido efecto puesto que en ese ejercicio, liquidado a lo largo del 2019, disminuyeron sus beneficios pero aumentaron los tributos que pagaron. Su negocio implica la deslocalización no solo de la producción sino también de las ventas, gracias al uso del comercio electrónico. Pero esta realidad desborda la capacidad de control de los estados que tienen una base fundamentalmente territorial, que saben controlar los bienes y servicios que entran y salen por las fronteras, pero que no tienen visibilidad sobre esos mismos intercambios cuando se producen a través de las redes.

Ante esta compleja realidad, en los últimos años se han realizado diversos experimentos para aplicar una fiscalidad específica a las empresas de naturaleza tecnológica. En esta línea, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé reactivar cuanto antes la tasa Google -un impuesto del 3% sobre determinados servicios digitales, aparcada tras la disolución de las Cortes en el 2019- y llevarla al Congreso este mismo mes. A diferencia de Francia, que retiró un tributo parecido hace un mes, España no se amilana por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y adoptará el impuesto por su cuenta, como también parece que lo hará el Reino Unido a partir de abril.

Esa lucha, sin embargo, puede ser muy desigual porque las tecnológicas han dado muestras de gran capacidad de elusión y porque a nadie conviene una nueva subida de aranceles por parte de EEUU como represalia. La solución más plausible es librar la batalla en el mismo terreno que las multinacionales. Estas empresas se benefician de su carácter global, y mueven sus operaciones en función de múltiples factores, uno de los más importantes de los cuales es la fiscalidad. Si logran hacerlo es, entre otras cosas, porque hay estados que juegan con las ventajas fiscales para atraer las sedes de las compañías. De manera que si los estados compiten entre sí, es lógico que las empresas se aprovechen de ello. Finalmente, la OCDE se decidió a finales del 2019 a impulsar una fiscalidad gobal para conseguir lo que a muchos les parece imposible: lograr un acuerdo para que este tipo de empresas paguen los mismos tipos de impuestos en todos los países. La propuesta debería acordarse a lo largo del 2020. España considera su tasa Google como una medida provisional, en espera de esta propuesta multilateral. Las primeras interesadas en que esta fórmula funcione deberían ser las propias empresas tecnológicas puesto que la mayor parte de sus clientes son personas cada vez más sensibilizadas con la responsabilidad social de las compañías con las que se relacionan. Y la base de estos negocios intangibles es la confianza, que pueden perder en cualquier momento.