La reforma del modelo de financiación autonómica es una de las tareas que el Ministerio de Hacienda, liderado por su titular María Jesús Montero, ha marcado en rojo en su agenda. Es una negociación compleja, en la que se mezcla el eje territorial y el político, con comunidades autónoma dirigidas por partidos de diferente color y por barones territoriales de enorme peso político. Es una negociación, además, que en España suele vivirse con un tremendismo exagerado: no debería ser motivo de preocupación ni la competencia territorial ni la negociación firme para proteger los intereses de cada comunidad autónoma, y más teniendo en cuenta que los principales servicios sociales (educación, sanidad...) dependen de los presupuestos de las autonomías.

Lo que sí que no es admisible es la competencia desleal en el ámbito fiscal al amparo de la deseable y necesaria autonomía de las comunidades en algunos tipos impositivos. Es, por ejemplo, el caso de los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones, que comunidades gobernadas por el Partido Popular (con la Comunidad de Madrid como principal ejemplo a nivel nacional) han usado para crear una especie de paraísos fiscales con los que atraer empresas e inversiones.

Es incoherente reducir impuestos y después, en la negociación con el Gobierno, exigir el aumento de las aportaciones del Estado. Con esta política se crea una situación en la que el resto de comunidades se ven obligadas para poder competir a reducir sus ingresos, afectando de esta forma a la calidad de sus servicios sociales.

Es en este contexto en que debe entenderse la decisión del Gobierno de la nacional de limitar la competencia fiscal entre territorios españoles en el próximo modelo de financiación autonómica que debe abordarse sin más dilación. Será una negociación compleja, en la que deben equilibrarse las legítimas ansias de autonomía fiscal de las comunidades autónomas españolas, la lealtad del sistema, las necesidades de financiación y la garantía de que todos los ciudadanos españoles reciben una calidad de servicio equiparable independientemente del territorio en el que residen.

El papel del Gobierno no es solamente repartir dinero entre las comunidades, sino también velar por la igualdad (que no la uniformidad) en un modelo flexible como es el de las autonomías.