Esta semana ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura el Debate del Estado de la Región; todos los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas con la intención de que formaran parte de la política económica y social de nuestra comunidad autónoma. En un ejercicio claro de responsabilidad, y con el único propósito de contribuir a revertir la grave situación en la que nos encontramos, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto 101 medidas para luchar contra las consecuencias de la actual crisis sanitaria y económica, y revitalizar nuestra comunidad autónoma. Propuestas para proteger a nuestros mayores, a nuestras empresas y para crear empleo. La mayoría de esas propuestas han sido rechazadas por los votos del Grupo Socialista, y, entre ellas, la creación de un fondo extraordinario de impulso de la economía, dotado con 1.000 millones de euros, y la petición de un régimen fiscal especial para Extremadura.
El rechazo de esta última medida, a la vista de la hemeroteca, le parecería «extraño» a cualquiera, porque en el debate de investidura, en junio de 2015, el propio Vara informó de que pediría una reunión a Rajoy para que nuestra región tuviera un régimen fiscal especial hasta que bajara su tasa de paro. Es raro, porque incluso en enero de 2019, gobernando Pedro Sánchez, la vicepresidenta, Pilar Blanco, reclamó exactamente lo mismo aludiendo a que existía en Canarias y Baleares, y resaltó la necesidad de compensar las carencias de nuestra región. Debieron de darle un toque desde Moncloa (no sé si desde el ala oeste o la del este), porque de aquella exigencia nada más se supo.
Según el índice de Competitividad Regional del Consejo General de Economistas de España, que mide la capacidad de proporcionar a las empresas un entorno óptimo, contribuyendo así a un mayor crecimiento y mayor empleo, Extremadura es la región menos competitiva de nuestro país. Decir no a la propuesta de un régimen fiscal especial para nuestra región, como tienen otras comunidades autónomas, para que sea más competitiva, es decir no a atraer nuevas empresas; no a mantener las que ya existen; no al emprendimiento de los autónomos y no, por lo tanto, a aumentar las posibilidades de generar empleo.
Vara le tiene miedo político a Pedro Sánchez. Esta debe ser la explicación a la insistente negativa del presidente de Extremadura a plantar cara al presidente de España, como hacen otros, y defender los intereses de todos los extremeños; por eso rechaza o retrasa cualquier medida (fiscalidad excepcional, mayores transferencias de fondos, regadíos, planes de empleo, autovía Cáceres-Badajoz, trenes…) que signifique llamar a las puertas de Moncloa ahora que está ocupada por este gobierno de coalición social-comunista.
* Ingeniero Técnico Agrícola y diputada del PP
