La ley del menor

Porque, al fin y al cabo, desde el punto de vista de la sociedad en conjunto, nos articulamos en la continuidad de la misma a través de los que la habitarán en el futuro. Existe un interés superior del menor. No es difícil explicar la razón básica detrás: su mayor vulnerabilidad.

Por eso es incomprensible el abandono al que gobierno somete a otro tipo de menores en medio a una situación catastrofista como es la pandemia del covid-19. Nuestro gobierno ha decidido, quiero creer que ideológicamente, que empresas y personas son algo radicalmente distinto. Al meter a todos en el mismo saco (en favor del maldito «relato») nos hace un flaco favor a todos. En una situación inusitada, difícilmente controlable, como la pandemia, el estado debe extender un manto de protección general. Pero, especialmente, a los más vulnerables.

España es un país de pymes y microempresas. Por cada Inditex, hay cientos de miles de pequeñas tiendas retail. Por cada Iberdrola, miles de ingenierías y consultoras. Los bares, restaurantes. Las gestorías, agencias de viajes, profesionales independientes. Todos son «empresas», así que no hacer una discriminación entre ellas es directamente irresponsable.

Por supuesto, esta configuración empresarial de nuestro país representa un problema. El escaso tamaño de nuestras empresas nos conduce a una extrema debilidad a cualquier turbulencia. Solo que esto no es una sacudida sino un dramático terremoto. Lo que sería un auténtico disparate jugar ahora a cambiar ahora el modelo productivo, cuando el objetivo debiera ser evitar una destrucción del tejido empresarial como la que empieza a adivinarse en los próximos meses. Como estrategia es suicida: quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son a la vez esenciales en evitar que se den consecuencias devastadoras sobre el empleo y la economía.

Nadie discute la necesidad de hacer prevalecer el interés sanitario frente a otros como el económico (sí, en cambio, cómo se ejecuta esta «elección»). Resulta especialmente llamativa la total ausencia de medidas financieras y fiscales tras los sucesivos anuncios gubernamentales o autonómicos de confinamientos selectivos, cierres perimetrales y endurecimiento en horarios y aperturas. Parecen lejanos los tiempos en los que no se iba a dejar a nadie atrás.

Más que eslóganes necesitamos medidas, aunque sean menos publicitarias, junto a la coordinación de los tres estamentos administrativos (gobierno, comunidades, ayuntamientos).

Se necesitan líneas de ayudas directas sectorizadas (no todos los sectores sufren igualmente las restricciones legales), como créditos a largo plazo condicionados al mantenimiento del nivel de empleo o la creación de puestos. No subvenciones, sino préstamos con la garantía de ingresos futuros, basados en la operatividad. Permitir, por ejemplo, condonaciones parciales en caso de devolución anticipada.

Asimismo, esquemas de préstamos avalados por las administraciones que participen de ampliaciones del capital de pequeñas y medianas empresas duplicando la inversión privada como un préstamo a largo plazo, que permitiría fortalecer su capacidad financiera.

Es imprescindible proceder a la revisión en la fiscalidad de autónomos y profesionales: ampliación de los plazos de pagos voluntarios, exención en rentas de todo tipo de ayudas recibidas y una bonificación del 100% de IAE frente a recargos posteriores sobre beneficios.

Será necesario extender el paraguas de la protección concursal sobre aquellas empresas severamente perjudicadas por la falta de movilidad y suspender las obligaciones de capitalización sobre fondos propios sino queremos vivir un invierno de continuas quiebras

Son solo algunas propuestas, me atrevería decir que casi las «obligatorias». No sé porque hemos llegado a entender que no debemos proteger nuestra situación económica, cuando es el motor que permite que, primero, nos ocupemos de nuestra salud. El interés, ya ven, es el mismo: la defensa de los menores lo es de nuestro futuro.

*Abogado, experto en finanzas.