No lo dudemos. El desplante del gobierno de Sánchez a Extremadura mediante la limitación de las plantaciones de uva para cava a los viticultores extremeños no será el último. Haciendo un poco de historia del tema, la sentencia que daba la razón a la Junta de Extremadura nos alegró a todos. En estos tiempos, la línea directriz del gobierno de Sánchez es la limitación de los derechos y libertades, y, siguiendo esa senda, en septiembre de 2019 eliminó la posibilidad de que nuestra región y el resto de las comunidades afectadas pudieran recurrir la decisión de la Denominación de Origen Protegida Cava gobernada por catalanes.
Ha sido el poder judicial el que ha tenido que devolvernos a Extremadura ese derecho de alegar a la DOP Cava, tal y como se hacía antes de que Sánchez llegara al gobierno. Pero la alegría pasó pronto, porque la sentencia afectaba al procedimiento que tenía que seguir el Ministerio para emitir la resolución, pero no entraba a valorar si era adecuada o no la limitación de las plantaciones.
Aun sabiendo esto, la Junta, dándose autobombo, vendió que el problema estaba resuelto y generó falsas expectativas en los agricultores extremeños, que creyeron que podrían plantar. Pero la dura realidad es que el Ministerio ha vuelto a prohibir que los extremeños planten uva para cava durante los años 2020, 2021 y 2022, haciendo caso a lo determinado por los catalanes. Ya saben, una cosa es que Extremadura pueda recurrir y otra muy distinta es que Sánchez anteponga los intereses de Extremadura a los de Cataluña.
Este desplante es uno más de tantos. Fíjense en la situación de deterioro de los servicios públicos en nuestra región que hemos conocido en estos últimos días. El recorte ferroviario supera el 60%, porque solo funcionan regularmente 10 servicios de tren al día; los 32 servicios aéreos que se prestaban semanalmente, se han reducido a 8 y, en lo que respecta al transporte de viajeros por carretera -dependientes del ministro Ábalos- se ha autorizado una reducción del servicio del 60%. Esta última y drástica reducción en concreto es dramática para nuestro territorio rural; pueblos pequeños se quedan sin autobús y comarcas como La Jara o el Valle del Ambroz, quedarán prácticamente incomunicadas.
Como decía al principio, no será el último perjuicio ocasionado a nuestra tierra porque el hecho que subyace en todo esto es el poco peso político que tiene Extremadura y el presidente Vara para Sánchez; por eso, una y otra vez, nuestra comunidad autónoma sale perjudicada en las decisiones del Gobierno de España.
*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada autonómica del PP
