La inmunización en los países desarrollados avanza a buen ritmo. Pero en el resto del mundo no podemos decir lo mismo. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha pedido la exención de los derechos de patente con el fin de que los países en desarrollo puedan hacer frente a la pandemia del covid-19. Esta iniciativa ha sido apoyada por dirigentes políticos y ha tenido gran eco en la reciente reunión del G20 de Sanidad en Roma. Las compañías farmacéuticas lógicamente han puesto el grito en el cielo. Si los laboratorios hubieran sabido que sus invenciones, producto de un gran esfuerzo inversor y del talento de investigadores, serían ‘liberalizadas’ una vez puestas en el mercado, es seguro que en estos momentos estaríamos sin vacunas. No cabe la menor duda de que las industrias farmacéuticas, sin el incentivo del monopolio de explotación que significa la patente, no habrían invertido los ingentes recursos que han permitido en menos de un año disponer de antígenos eficaces contra la grave enfermedad que nos azota, y que están permitiendo salvar muchas vidas. Este hecho debe hacernos reflexionar.
En materia de patentes no es más progresista el que defiende la utilización libre de las invenciones industriales. Hay que ser pragmáticos. Las patentes son el motor esencial que abre nuevas vías a la investigación y contribuye a la difusión del conocimiento. No debemos olvidar que la utilidad de las patentes va más allá del beneficio directo del inventor y de los laboratorios. Los derechos de propiedad industrial no son fines en sí mismos, sino medios al servicio de la innovación tecnológica para favorecer el bienestar social y el progreso económico.
El derecho de patente confiere la facultad de explotar en exclusiva una invención industrial durante un tiempo limitado. Este monopolio de explotación parece estar en contradicción con el principio de libre mercado. Por eso, sus detractores sostienen que la existencia de patentes contraviene la libertad de competencia. Sin embargo, hay que decir que, aunque parezca una paradoja, la existencia de patentes fomenta la competencia y el progreso técnico. Esto se explica porque los empresarios competidores se ven forzados a investigar más para no perder su posición en el mercado. La libre competencia es, pues, el hábitat donde mejor surgen los derechos de propiedad intelectual. La iniciativa privada casi siempre está movida por el ánimo de lucro. Salvo las almas altruistas, que no abundan, el individuo se mueve por la recompensa de sus actos, sea una recompensa de tipo moral sea de índole económica. Y la patente concede esos dos galardones, ya que al inventor se le reconoce el prurito de la autoría y lo que en la mayoría de los casos más importa, el lucro personal.
Es cierto que en materia de patentes sanitarias es difícil resolver el gran dilema moral y económico que supone alcanzar de forma óptima el equilibrio entre premiar económicamente a los titulares del invento y extender sus efectos positivos sobre el conjunto de la humanidad. La propuesta de la OMC de eximir de derechos de patentes a las vacunas, aparte de la lógica oposición de las compañías afectadas, tampoco ha obtenido el beneplácito de todos los Estados. Se piensa que las diferentes legislaciones ya recogen normas para imponer licencias obligatorias o incluso expropiarlas, pero la exención perjudicaría gravemente la innovación, lo que traería como consecuencia que quizá en un futuro no pudiéramos disponer tan rápido de remedios eficaces para combatir las nuevas enfermedades que puedan acecharnos.
Es pues difícil pensar que va a alcanzarse a corto plazo un acuerdo de exención de patentes sin compensar económicamente a los laboratorios farmacéuticos. Tampoco la liberalización de las patentes supondría que se fueran a fabricar las vacunas necesarias para acabar con la pandemia. Nadie las produciría sin beneficio. Por eso los líderes que abogan por la liberalización, más que dejarse llevar por actitudes meramente populistas y pedir que otros renuncien a sus derechos, deberían tener más presente que la investigación y la innovación exigen recursos. La inversión en investigación nunca ha sido un lujo.
*Catedrático de Derecho Mercantil de la UEx
