El Banco de España ha avisado en su informe anual del elevado número de municipios en riesgo de despoblación. Para determinar el número de pueblos que quedarían abandonados en nuestro país se ha tenido en cuenta que hayan sufrido la disminución de su población en el periodo 2001-2018, que tuvieran más defunciones que nacimientos desde 2001 y que tengan una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Según estos criterios, en Extremadura hay 158 pueblos condenados a la desaparición; en concreto son 110 municipios de la provincia de Cáceres y 48 de la de Badajoz.

El informe señala también que las diferencias entre el medio rural y el urbano en el acceso a servicios, a la digitalización, por la orografía y el envejecimiento de la población son profundas, pero en el caso de estos 158 pueblos esas diferencias son mucho más acusadas. Son, en definitiva, municipios que llegarán a estar deshabitados, a los que no volverá nadie y, con el tiempo, sus ruinas formarán parte del paisaje de nuestra región.

"En Extremadura hay 158 pueblos condenados a la desaparición. 110 de Cáceres y 48 de Badajoz"

Si Sánchez se tomara el mismo interés por el grave problema de la despoblación que por mantener contentos a sus socios de gobierno, otro gallo nos cantaría; pero no es así. Para salir del paso, ha presentado el «Plan de recuperación. 130 medidas frente al reto demográfico» y lo ha hecho sin consenso y sin concretar un presupuesto específico para cada medida. 

Un simple vistazo a la página 18 de este plan, donde se refleja la financiación, ya nos deja claro que los fondos que se destinen a estas medidas estarán sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria, o lo que es lo mismo, todo depende de que haya dinero, por lo que este plan, como tantos otros, se queda en mucha literatura y poca intención de atajar el problema.

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, aliadas contra la despoblación, acaban de conseguir que Bruselas apruebe una reducción del 20% de los costes laborales para las empresas que se implanten en Soria, Cuenca y Teruel. Eso sí es un ejemplo de medida concreta contra la despoblación y que fomenta la actividad económica en territorios de la llamada «España vaciada». Pero Vara ni está en esa alianza, ni se le espera.

El PP lleva tiempo reclamando un régimen fiscal específico para Extremadura, entre otras cosas, para atraer la inversión a nuestra región. Por esto, presentó en el Debate del Estado de la Región una propuesta para bajar, entre otros impuestos, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y crear una fiscalidad especial para el medio rural como arma contra el despoblamiento, pero el PSOE votó en contra.

No esperemos más. Si no se empieza de inmediato a poner soluciones reales a este problema, nos encontraremos con la desoladora realidad del abandono del 40% de los pueblos extremeños del que alerta el Banco de España.