Solo aquellos que han preparado en su vida alguna oposición o que han vivido de cerca el proceso con alguien conocido y querido saben los sacrificios, la dedicación y los estragos que supone en la vida de una persona y su entorno. Meses, años, en los que todo está condicionado y teñido por unas pruebas, que significan mucho más que un mero trabajo estable, son una salida laboral digna en una comunidad autónoma que ofrece limitadas opciones alternativas. Por eso es más que comprensible que la sola idea de que todos esos titánicos esfuerzos se vayan al carajo por la mala suerte de haber contraído la covid-19 o ser un contacto estrecho de algún positivo, sea algo inconcebible para los interesados. Como lo es, que las autoridades ‘competentes’ no hayan previsto ningún ‘plan B’ en este supuesto para aquellos que se presentaban por primera vez, o que los sindicatos del ramo no hayan puesto el grito en el cielo.
No sé ustedes, pero conociendo el percal y la picaresca española, mucho me temo que ha debido haber más de uno que se fuera a las pruebas, que tuvieron lugar el pasado sábado, aun sabiendo que su presencia en las 21 sedes repartidas por toda la región, podría significar la propagación del coronavirus. Es muy posible que hayan decidido jugársela, aun sabiendo que eran portadores o posibles portadores del virus, porque la alternativa era tirar a la basura años de estudio y tener que esperar otros tres a una nueva oportunidad. Porque en efecto es lo que les ha pasado a los pocos que han dado un paso al frente y han reconocido estar enfermos, como Carolina Zambrano, que contó su caso en Canal Extremadura. Ella ha tenido que pagar un precio muy elevado por su honestidad, y conocer su experiencia invita a pensar que si ha habido otros contagiados que hayan podido poner en peligro la salud pública acudiendo a la convocatoria, lo han hecho porque no se les ha ofrecido ninguna otra opción decente. Y es que tristemente en este caso, son los que han hecho la ley los que han empujado a la trampa.
Es difícil de justificar la falta de previsión y de empatía por parte de las autoridades. Partiendo de la base de que las oposiciones se han retrasado un año por la crisis sanitaria, es complicado entender que no se haya tenido en cuenta acomodar la circunstancia de que hubiera infectados o contactos estrechos entre los 5.678 aspirantes, que al final se presentaron en las aulas este pasado fin de semana. Y es que por pura probabilidad matemática, en un número tan abultado de población, los pronósticos más optimistas deberían haber contemplado la posibilidad de que hubiera casos activos que no pudiesen por tanto hacer el examen presencial. Si además tenemos en consideración que cuando se publicó la convocatoria, el pasado 23 de marzo en el Diario Oficial de Extremadura, la incidencia estaba todavía disparada y andábamos lidiando con las consecuencia de la mortífera cuarta ola, el haber ignorado esa realidad denota una falta importante de profesionalidad y muy poca vergüenza.
No se puede programar un evento de estas dimensiones, y que además toca tantas vidas, con tan poca planificación y coherencia como la que se desprende de la respuesta oficial de la Consejería de Educación y Empleo ante las quejas y las denuncias de los opositores contagiados. «Es la misma actuación que se toma ante cualquier otra enfermedad o circunstancia que imposibilite a la persona opositora presentarse al primer examen», apuntaban. Palabras llenas de vaguedad que reflejan que se ha equiparado una pandemia mundial y sus consecuencias devastadoras con otros males menores, cuando precisamente han tenido un año extra en el que deberían haber hilado mucho más fino.
Pero es que, además, no son los únicos. Como en Extremadura, tampoco habrá una alternativa para los casos covid en Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia, aunque sí existe un ‘turno covid’ en Castilla y León y en Canarias, por ejemplo, por lo que se da un agravio comparativo entre regiones que debe ser difícil de digerir para los afectados. No es la primera, ni por desgracia será la última vez que los ciudadanos paguen las consecuencias de la falta de anticipación a los problemas de nuestros políticos en los últimos 15 meses de pesadilla. Ojalá que no haya brotes relacionados con las oposiciones, pero si los hay, solo a ellos habrá que pedirles explicaciones.
