La configuración de nuestro Estado es el reflejo del derecho de autonomía que reconoce la Constitución española a las nacionalidades y regiones. Cuando se diseñó el Estado autonómico, en el que solo algunos territorios históricos tenían clara su identidad, se optó por buscar para el resto un modelo que contentara a todos. A la postre se ha evidenciado que podía haberse buscado una solución mejor.
En lo que se refiere a Madrid, hubo opiniones partidarias de que no debía constituirse en una Comunidad Autónoma más. Lo privilegiada que iba a resultar con la Administración Central del Estado en su territorio, supondría que siempre tendría ventajas sobre las demás. Por eso no faltaron voces que se inclinaban por conferirle un estatus sui géneris, una especie de “distrito federal”. En otras palabras, un territorio dependiente del Gobierno de la Nación cuyos beneficios y cargas pudieran ser compartidos por todos los españoles. Pasado el tiempo, creo que objetivamente hay muchas razones para pensar que esta solución quizá hubiera sido mejor para el conjunto del Estado.
En los rankings de competitividad económica que confecciona la Comisión Europea, Madrid se destaca como la Comunidad Autónoma con mejor resultado en el pasado año. El conjunto de Comunidades de España se sitúa en este índice 27,7 puntos por debajo del nivel medio de los países de la Unión Europea. Únicamente la Comunidad madrileña supera en más de 17 puntos el promedio de la UE-27. El resultado es muy significativo, pues Madrid rebasa a Cataluña en casi 29 puntos y al resto de las regiones españolas en 45 puntos.
Cataluña, que ha sido y es un territorio beneficiado en inversiones a lo largo de la historia, y que era la región española pionera en competitividad económica en los años anteriores, ha sido rebasada por Madrid. El retroceso catalán se debe en su mayor parte a la inseguridad que se desprende de la aberrante política independentista. Además, la carga financiera que supone pretender sentar las bases de una república catalana hace que Cataluña hoy en día sea una de las regiones españolas con los impuestos más altos.
Algunos economistas atribuyen los buenos resultados económicos de Madrid a la aplicación del «modelo liberal» que preside la estrategia gubernamental madrileña. Sin quitar mérito a la política económica que se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid, tengo que decir que su bonanza en relación con las otras Comunidades no se explica únicamente por la aplicación de un modelo económico liberal y la bajada de impuestos.
Ostentar la capitalidad de la nación significa ser la sede del Gobierno y de las principales instituciones del Estado. Las empresas, sobre todo las multinacionales, buscan la cercanía del centro caliente donde se toman las decisiones. Los lobbies o grupos de presión necesitan estar cerca del poder.
Casi medio siglo después, se evidencia claramente el estatus diferenciado de Madrid. Su recién elegida presidenta ha ofrecido en su programa de gobierno políticas sociales, económicas y fiscales que para muchas Comunidades hoy por hoy son impensables.
Si Extremadura se compara con Madrid, tenemos que reconocer que, a pesar de las poéticas y esperanzadoras palabras del Preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía, la historia sigue siendo poco generosa con nuestra tierra. Continuamos siendo una región subvencionada. Seguimos aislados: las infraestructuras ferroviarias no tienen aún un kilómetro de electrificación. Nuestros jubilados perciben las pensiones más bajas. Lideramos los índices del desempleo y nuestros jóvenes siguen emigrando. Ante este panorama, necesitamos apuestas inteligentes y proyectos innovadores que vuelquen la realidad social y económica de nuestro territorio. Entretanto, no nos queda más remedio que exigir con firmeza la realidad del principio de solidaridad para alcanzar un equilibrio económico adecuado y justo que nos iguale con las partes más favorecidas del territorio español, tal como proclama nuestro texto constitucional. Nos queda mucho camino por recorrer.
* Catedrático de Derecho Mercantil
