Opinión | Tribuna abierta

Rebaja de la factura de la luz

Esta semana el gobierno de coalición ha decidido bajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% para aliviar a las familias de pagar unos precios históricos como no se habían visto antes. ¿Llueve poco y por eso las hidroeléctricas producen menos? ¿Está nublado y la fotovoltaica no funciona al 100%? Ustedes saben que nada tiene que ver con esto la estratosférica factura que pretenden cobrarnos las empresas eléctricas este cada mes.

La razón tiene más que ver con que tenemos un mercado eléctrico en manos de un oligopolio dominado por tres empresas que marcan los precios y nos condenan a tener una de las facturas más caras de la Unión Europea a pesar de aquí somos productores netos de energía.

Si hacemos un poco de memoria recordamos que la privatización de las grandes eléctricas públicas (ENDESA era propiedad pública) empezaron en los 80s con Felipe González como presidente del Gobierno y alcanzaron su mayor cénit en la época del gobierno del señor Aznar. Tras él, Mariano Rajoy diseñó un mercado energético, para que cuadraran las cuentas, que es el que tenemos hoy en día y que dejó al sector privado con el poder de tomar las decisiones más importantes, pasando de una regulación estatal del precio a una regulación en manos de los agentes del sector eléctrico en el mercado mayorista. ¡Es el mercado, amigo!, diría el gurú económico que acabó entre rejas.

El IVA se introdujo también en 1986 de la mano de Felipe González y Mariano Rajoy posteriormente lo subió del 18% al 21%. Para más inri, Aznar por su parte le añadió a la factura el impuesto especial sobre la electricidad. Con estos precedentes no es extraño, que según Eurostat, en los 10 años transcurridos entre 2005 y 2015 los precios de la electricidad crecieran a una media anual acumulativa del 7,2%.

En este contexto creo que es de valorar que este gobierno sea el primer Gobierno en nuestra democracia en mirar cara a cara al oligopolio eléctrico y remangarse creando el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, es decir, quitarle a estas empresas los 8.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo. De ahí la guerra que se ha abierto tras romperse la dinámica de gobiernos que ponían alfombra roja a estas empresas gracias al obvio y descarado efecto de las puertas giratorias. Puertas giratorias que es necesario apuntar que han utilizado ministros y presidentes tanto del PP como del PSOE, que en esto han ido hasta ahora de la mano.

Obviamente la bajada del IVA no es la solución a las deficiencias de un sistema eléctrico endemoniado y se necesita intervenir desde el Estado con mayor transparencia y participación en el mercado, pero yo hoy no vengo a hablarles de crear una empresa pública de energía o de nacionalizar ENDESA de nuevo como la Constitución en su artículo 128 nos permitiría.

Yo hoy vengo aquí a decirles que ya basta. Que Extremadura debe ya levantar la voz de una vez por todas porque nos hemos convertido en una colonia de Iberdrola pero sin beneficios tangibles de esta «ocupación». Cuarenta y tres años distan entre la publicación del libro ‘Extremadura Saqueada’ y el informe ‘Cómo evitar la tercera colonización energética en la región’ y la realidad que exponen ambos documentos es la misma: el de una tierra expoliada de sus recursos en beneficio del desarrollo de las grandes empresas eléctricas. Tras la hidroeléctrica y la nuclear le ha tocado el turno a la fotovoltaica que se extiende como una mancha de aceite sin un Plan de ordenación justo y equilibrado con el territorio que impida que existan conflictos de intereses con la agricultura, la ganadería y otras actividades de importancia para el medio rural.

Somos el territorio con mayor desequilibrio entre la energía que produce y la que consume y la que además menos desarrollo económico e industrial posee a pesar de su extraordinaria riqueza energética.

Es el momento de tomar medidas urgentes obligando a las grandes compañías eléctricas a que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Extremadura y a aplicar un precio especial de tarifas más económicas, tanto para la ciudadanía como para el sector empresarial extremeño, máxime cuando el coste de transporte y distribución de una región productora como la nuestra es bastante menor. El mejor incentivo para que se instalen en nuestro territorio industrias no es una baja regulación ambiental o una «competitividad salarial» que nos empobrece. El mejor incentivo es una factura de la luz más barata porque somos tierra productora de energía.

Tenemos ahora una oportunidad de oro con la reciente aprobación de la Ley 7/2021 de 20 de mayo de ‘Cambio climático y transición energética’ donde se exhorta a que parte de la riqueza que generan las centrales de energías renovables debe revertir en el territorio donde se implanten, con la finalidad de activar la economía y de crear empleo. Y no estamos hablando del IBI (que por ahora es lo único que reciben los ayuntamientos como beneficio), estamos hablando de que la factura de la luz sea más barata allí donde se pongan en marcha estas instalaciones debido a que el coste de transporte y distribución es mucho menor. Nuestros pueblos no pueden asumir los impactos negativos y colaterales que el desarrollo de las renovables tienen sin ningún beneficio a cambio.

Es la hora de levantar la voz, es la hora de que Extremadura salga beneficiada de ser una tierra rica en recursos.

*Coordinadora regional de Podemos, presidenta del grupo parlamentario Unidas por Extremadura