Desde los años noventa estamos oyendo lo del acuerdo «histórico» cada vez que se produce una reforma en la Política Agrícola Común, y eso que esta será la sexta revisión que se hace. Lo cierto es que los acuerdos, más que históricos, son inevitables. Y cada detalle, cada decisión, cada consenso al que se llega por las instituciones europeas en esos impresionantes edificios tan alejados del campo, determinan inevitablemente la forma de producir de los agricultores y ganaderos en su explotación agraria; un reglamento de Bruselas acaba por tener más peso que las decisiones agronómicas, y en esta nueva PAC que se aplicará a partir de 2023, el asunto se complicará aún más.

Lo que distingue a esta reforma de las demás es el fuerte componente «verde» que tiene, y a pesar de que los productores europeos ya producen de forma sostenible, se aumentan las exigencias a los agricultores y ganaderos en lo que respecta a la protección del medio ambiente y del clima y se hará de forma exponencial, porque a esos mayores requisitos ambientales se irán sumando las condiciones del Pacto Verde. Y todo ello con un presupuesto de la PAC menor que el actual.

A partir de 2023 la sostenibilidad ambiental primará sobre la sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias y para ello se ha diseñado una estructura compuesta por la condicionalidad reforzada, a la que se incorpora como obligación, entre otros, la rotación de cultivos y el porcentaje no productivo de tierra de cultivo que hay que dedicar a la biodiversidad, y por los eco-esquemas, para cumplir los cuales los productores deberán realizar mayores compromisos que los actuales del pago verde.

No hay ninguna duda de lo que significa la PAC en la renta del productor agrario. Fíjense, si comparamos lo que recibe el agricultor o ganadero incluyendo las ayudas de la PAC con la renta del trabajo del resto de los sectores, el resultado es que lo que recibe el productor agrario llega solo al 71% del salario medio de la economía española; sin las ayudas esa cifra bajaría al 35%. Pero los fondos de esta política no solo son vitales para el sector agrario, sino también para toda la economía indirecta que genera, para la agroindustria y para el desarrollo de nuestro territorio rural.

En el caso de Extremadura, el modelo en el que estamos actualmente, negociado por Monago, ha mantenido la renta de los agricultores y ganaderos y trae a Extremadura más de 520 millones de euros anuales en ayudas directas. Esta cifra debería ser, como mínimo, la cifra de partida que debería negociar la Junta para que a nuestra región no llegue menos dinero, dejando de una vez por todas de conformarse con lo que el gobierno de Sánchez quiera darnos.

*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada autonómica del PP