Empecemos por lo más sencillo y fácil de entender: el Tribunal Constitucional es, en su definición, un «capitán a posteriori». El mandato constitucional permite a este tribunal hace una vigilancia que no es ni automática ni preventiva. No interviene ex ante en la defensa de la constitución, sino cuando una (presunta, no pisemos callos aún) vulneración ha sido denunciada por aquellos a los que la propia constitución o leyes orgánicas legitiman hacerlo. 

Luego, por supuesto, podemos quejarnos de que tarden más o menos en hacer su trabajo. Pero no debe extrañar, ya que la tramitación de quién decide acudir al TC lleva su tiempo. Así que esas falacias de que actúa movido por intereses políticos, midiendo el momento, no son más que eso: una pataleta mal disimulada. 

Otra obviedad: el tribunal tampoco ha establecido que no debiera haber confinamiento. Parece demasiado evidente para tener que subrayar, pero los actuales no son tiempos en los que valga apoyarse en la sutileza, me temo. Sería absurdo que un tribunal se inmiscuyera en las medidas sanitarias o sociales para evitar la propagación del virus, como algún magistrado emérito ha señalado maliciosamente. Ni tampoco que seamos una rara avis en el entorno europeo (¿tiene la desfachatez el tribunal de no querer salvar las vidas que el gobierno sí por un mero tecnicismo?). Todas las decisiones sanitarias, máxime ante una emergencia sanitaria, deben ser ajenas al ámbito de control judicial.

Pues claro. Pero es que el TC no ha hecho tal cosa. Lo que ha dicho el tribunal es que el gobierno no ha usado las herramientas constitucionales adecuadas. Que además tenía en su mano, ya que para eso constituye el poder ejecutivo. Recordemos que este tipo de decisiones, por necesarias y justificadas que estén, suponen una conculcación de muchos de nuestros derechos fundamentales, entre ellos uno básico como la libertad ambulatoria. Nadie, tampoco el tribunal en su escueta nota (recordemos que no hay aún texto de la sentencia), lo cuestiona. Lo que está en el debate es que para realizar esta suspensión/limitación de derechos tan elementales se ha de ser especialmente escrupuloso. La base del estado de derecho es que hasta los poderes públicos se ajusten en su actuación a la ley, evitando que se deriven por el tan peligroso «el fin justifica los medios».  

"Es curioso que acusen al tribunal de apoyarse en un tecnicismo cuando justo ha pasado lo contrario"

Pero la política no está dispuesta siquiera a respetar este principio. Y por ahí han cabido estos días desde la boutade habitual de Echenique y su cansino «bailar pegados» con Vox, hasta un gobierno que no tiene reparos en cuestionar la motivación del fallo. Todos otorgan un matiz político a la actuación (ojo que ha habido división no sólo en el número de magistrados, 6 a 5, y sino entre las propias «filas» de conservadores de progresistas… y ahora sigan pensando que hay un sesgo), que va más allá y sirve para hacer labor de desgaste sobre un poder judicial que, ya es evidente, les incomoda. 

Hay debajo de estos ataques más o menos groseros algo que no se quiere verbalizar: no quieren tolerar que «trámites» o menudencias técnicas supongan una paralización de la acción de gobierno. Algo ciertamente grave porque presupone dos elementos que, en un estado de derecho, no caben asumir: primero, que el gobierno siempre actúa guiado por lo que es el interés general, y segundo, que debe haber por tanto un sometimiento de todas las instituciones a este bien común. Que de hecho existe, y por eso se fijan los checks and balances en nuestro orden jurídico: ninguna institución pública queda libre de la fiscalización de su actuación y su ajuste a la ley. 

Es además curioso que acusen al tribunal de apoyarse en un tecnicismo cuando justo ha pasado lo contrario. El gobierno optó por una vía, que generaba muchas dudas desde el principio, incluso un atajo, que le aseguraba un menor control, y por tanto desgaste parlamentario y eludíar negociaciones para poner en marcha determinadas normas. Eso sí se lo ha discutido nuestro tribunal.

Por eso estos vientos finalistas de que los medios son lo de menos menoscaban nuestras instituciones. La finalidad no es tanto la norma concreta o la acción de gobierno (conviene repetir que no ha sido discutida) como el engorro que supone rendir cuentas. Pero es que esa es la garantía de todos los españoles.

*Abogado, experto en finanzas