Creo en el estado de derecho y en la Carta Magna como norma básica de convivencia de los españoles. Concibo un estado moderno con separación de poderes y normas que rijan el quehacer de los gobiernos que se consideren democráticos. Lo que no entiendo es el vaivén judicial que vive este país de un tiempo a esta parte con la dichosa pandemia y las distintas interpretaciones que se hacen ante una misma decisión, sobre todo ahora que tenemos encima de la mesa un fallo del Tribunal Constitucional que acaba de dictaminar que el estado de alarma decretado por el Ejecutivo fue inconstitucional. Dicho fallo, radiado como un partido de fútbol con minuto y resultado, obtuvo 6 votos a favor y 5 en contra de sus señorías, lo cual no deja de ser una victoria a los penaltis, pero qué duda cabe que genera un resultado que pone patas arriba toda la estrategia y lucha contra la pandemia en este país.

Sinceramente, la gente está harta. O hay gobiernos inútiles que no tienen una maquinaria jurídica en condiciones o el poder judicial es tan diverso que le resulta imposible regir de la misma manera en el conjunto del Estado. La última prueba la tenemos con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Nuestro alto tribunal falló el pasado viernes que los toques de queda decretados por la Junta de Extremadura para Plasencia, Montehermoso y Jaraíz de la Vera «no ha lugar» al «no superar el juicio de proporcionalidad». Perfecto. Se acata que para eso son el tercer poder del Estado, pero hay una contradicción flagrante: en Cataluña, Cantabria y la Comunidad Valenciana sus altos tribunales han fallado en sentido inverso. 

Dicho de otra manera: ocho millones de personas en España no pueden moverse libremente durante la madrugada o lo que es lo mismo el 16,9% de la población (una de cada seis personas) se tiene que quedar obligatoriamente en su casa porque así lo han decidido las autoridades que luchan contra la pandemia y así lo ha refrendado la autoridad judicial, pero en Plasencia, Montehermoso y Jaraíz de la Vera «no es proporcional» y antes o a la vez deberían adoptarse otras medidas previas limitativas como reducción de aforos, horarios, pruebas diagnósticas, etcétera. 

"¿Por qué en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria sus señorías piensan de otra manera ?"

Es cierto lo que dice el TSJEx, que la limitación de la movilidad durante el horario propuesto supone «una verdadera restricción del derecho fundamental de libertad de deambulación, afectante al núcleo esencial de dicho derecho, por cuanto se traduce en la práctica en un auténtico confinamiento domiciliario durante cinco horas». Más verdad que un santo. Pero en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria ¿por qué sus señorías piensan de otra manera y sí entienden que la medida es proporcionalísima?

Considero que los jueces y magistrados saben de leyes y de la aplicación de las mismas para salvaguardar los derechos de los administrados, pero los expertos están urgiendo más medidas para contener la transmisión del virus en España y no fiarlo todo a la vacunación de la gente.

En Valencia hay 32 municipios con toque de queda. En Cataluña 161. En Cantabria, tras el aval de su Tribunal Superior de Justicia, se va a restringir la movilidad nocturna a 529.000 cántabros. En Extremadura se había solicitado para 50.000 extremeños. ¿Alguien me lo explica?

La postura de ayer del gobierno extremeño es la lógica y normal. Acatar el fallo judicial, como no podía ser de otra manera, constatar la dispersión jurisprudencial de los altos tribunales ante una medida concreta y aplicar los cierres perimetrales que es la única actuación autorizada por la Justicia. Sin embargo, no deja de ser triste que, según qué territorio, se pueda hacer una cosa o la contraria cuando se supone que todos estamos en un mismo país y, lo peor, ante una pandemia mundial que no conoce de fronteras ni de libertades y que solo busca caldo de cultivo para expandirse.