Atrás queda, y muy olvidada en el tiempo presente, la reforma estatutaria auspiciada en el año 2011. La Reforma del Estatuto de Autonomía pretendía enarbolar, entre otros aspectos, un deseado fortalecimiento de algunas instituciones estatutarias de nuestra Comunidad Autónoma. El Capítulo V del Título II referido a otras instituciones estatutarias ha venido contemplando la factibilidad de la creación del Consejo de Cuentas (art. 46 ) con anterioridad al año 2011, todo ello a imagen y semejanza de lo pergeñado por otras Comunidades Autónomas con sus órganos de control externo (OCEX). 

El Tribunal de Cuentas extremeño, que tendría su sede en Cáceres, es un órgano que realizaría las funciones de fiscalización de la Administración autonómica. Más en concreto, el Consejo de Cuentas controlaría externamente la actividad financiera y presupuestaria de las instituciones extremeñas, de la Administración autonómica, de las entidades locales, del sector público dependiente de aquella y de estas, así como de las universidades públicas de Extremadura, fiscalizando sus cuentas con criterios de legalidad, economía y eficiencia en el gasto, sin perjuicio de la jusrisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas, que podría delegar en el Consejo aquellas funciones jurisdiccionales que permita su ley constitutiva. 

La necesidad de su instauración ha quedado más que patente ante el alud de irregularidades que se han venido sucediendo de manera repetitiva en el sector público institucional autónomico y que llevaron a su denuncia pública por parte del Partido Popular cuando alcanzó el gobierno regional años atrás. 

A título de inventario, baste citar quizás los casos más mediáticos representados por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la Orquesta de Extremadura (OEX) y la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL). Los máximos responsables de dichos entes públicos extremeños se han tenido que enfrentar a procesos penales que han conducido a la condena de penas privativas de libertad por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos y a penas de inhabilitación personal para el desempeño de empleos públicos. Amén claro está del enjuciamiento por responsabilidad contable tramitado ante el Tribunal de Cuentas. 

En el momento presente, nos concierne a todos los ciudadanos, administrados y empleados públicos hacer agible la lucha contra la corrupción mediante la correcta aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, más conocida como la Directiva de los denunciantes de corrupción. 

El Gobierno español y los Gobiernos autonómicos habrán de transponer dicha Directiva «Whistleblower» o «alertadores de corrupcción» antes del 17 de diciembre de 2021, siendo así que ya estamos a menos de 5 meses de su ineludible implementación en España. Más aún, la gestión de los Fondos Europeos Next Generation hace más impostergable que nunca la puesta en marcha del tribunal de cuentas extremeño. En mi modesta opinión, bien se podría despachar con cierta rapidez la tramitación ordinaria de una ley autonómica, ya que el art. 46 del Estatuto establece que una ley de la Asamblea de Extremadura aprobada por mayoría abosluta regulará la composición, las competencias, el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento del Consejo de Cuentas. Alguien con trazo más grueso que fino podría adjetivizar y sustantivar al Consejo de Cuentas como una institución innecesaria por la existencia del propio Tribunal de Cuentas estatal. Es más, se podrían aducir razones económicas de eficiencia en el gasto público y de optimización de recursos ante la imperante crisis económica. 

Ahora bien, en nuestra querida Extremadura, bajo el manto protector del mito de las duplicidades o la falsa duplicidad de funciones, no se puede obviar la creación de un verdadero andamiaje de prevención y control del gasto público que no saque nuevamente los colores a los gestores de lo público. Con afán constructivo, y en aras a la transparencia que tanto se predica en nuestra tierra, hágase lo posible desde el Gobierno Extremeño para que vea la luz más pronto que tarde el Consejo de Cuentas de Extremadura.

*Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo de la UEx.