En Navidad, ante la situación provocada por el elevado contagio de la variante ómicron, el Gobierno impuso, como medida necesaria para contener la sexta ola, que los españoles lleváramos mascarilla al aire libre a partir del día 24 de diciembre. De esa forma podríamos estar en cualquier comida o celebración navideña sin mascarillas, pero si salíamos a la calle había que ponérsela. Esto tiene todo de ocurrencia, pero nada de efectividad; carecía de toda lógica y, además, no estaba avalado por ningún informe técnico ni ninguna justificación científica porque los contagios al aire libre no son frecuentes.

"La trampa de Sánchez usando a los pensionistas como moneda de cambio es una canallada"

Aunque fuera una medida arbitraria, el empeño de Sánchez en que saliera aprobada en el Congreso le llevó a incluir un «salvoconducto» para su decreto-ley de medidas sanitarias. Así, a modo de chantaje para asegurarse el voto favorable, incluyó en esa norma la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que se debe cobrar antes de abril de este año.

Esta trampa de Sánchez, usando a los pensionistas como moneda de cambio para lograr sus propósitos, es una auténtica canallada; sobre todo cuando ese propósito es algo tan ineficaz como el uso obligatorio de mascarillas al aire libre, que no forma parte de una respuesta científica para luchar contra el virus.

Lo demuestra el hecho de que esta última ocurrencia del Gobierno solo ha durado mes y medio. El martes pasado el Consejo de Ministros aprobó eliminar la restricción. En medio de esta pandemia en la que estamos inmersos desde hace dos años nos encontramos con los vaivenes propios de quien no tiene más objetivos que mantenerse en el poder. 

No hay una planificación coherente; todo se hace a salto de mata. No hay comité de expertos cuyas decisiones den coherencia y lógica a las medidas que se toman en cada momento, por eso no extrañan ya estos tumbos.

En esto de las mascarillas más vale que Sánchez se ocupara de bajar el IVA de las que son más seguras, las FFP2. Las calificaron de «egoístas», porque son las que más protección ofrece al que las lleva, y se niegan a bajarles al 4% el IVA como hicieron con las quirúrgicas. Precisamente, coincidiendo con la subida de contagios -meses de noviembre a enero- la demanda de mascarillas FFP2 y FFP3 aumentó en España en un 642%. Pero el Gobierno, escudando su afán recaudatorio en que no son obligatorias mantiene el tipo del 21%.

Todos los bandazos de este Gobierno se evitarían si tuviésemos una norma que sirviera para hacer frente eficazmente a la pandemia, que generara una respuesta común y única ante el virus, en lugar de las diecisiete actuales. Sin ley de pandemias y sin comité de expertos en los que basar las medidas, Sánchez, con sus vaivenes, nos seguirá manejando a su antojo desmedido.