La reciente crisis del PP, por el cruce de acusaciones de espionaje y corrupción entre la dirección nacional liderada por Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido denominada como «Operación Cremas». Sería la manera de explicar que la dirección nacional ha buceado en las vergüenzas de Ayuso para derribarla, del mismo modo que, supuestamente, se habría hecho con Cristina Cifuentes, también entonces presidenta de Madrid, difundiendo un antiguo vídeo en el que se revelaba su robo de unas cremas en un supermercado. 

En estos casos, para la ciudadanía lo importante no debería ser quién ha filtrado la información (quizá interesante para las endogámicas luchas de poder dentro de los partidos), sino si es cierta o no. El vídeo que los medios difundieron el 25/04/2018 mostraba claramente cómo Cifuentes era retenida por un vigilante del supermercado Eroski de Vallecas, situado justamente enfrente de la Asamblea de Madrid, donde ella trabajaba aquel 04/05/2011.

Cristina Cifuentes cobraba entonces 5.156€ al mes, y los dos botes de crema Olay antiedad que intentó robar en Eroski costaban algo más de 40€. La entonces Vicepresidenta de las cortes madrileñas, según el testimonio del vigilante, negó en un principio haber sustraído producto alguno. Cuando le obligó a enseñar el bolso y aparecieron las cremas, dijo que ya las traía antes de entrar, pero se avisó a dos agentes de la Policía Nacional, que tardaron en llegar 45 minutos, y entonces accedió a pagarlas. Cuando todo fue descubierto por el vídeo en 2018, llegó a decir que las metió en el bolso «por error».

El asunto no necesita ser definido en términos de ética y ejemplaridad porque el mero relato de los hechos es suficiente. Pero recordemos que Cifuentes no solo dimitió por eso. Apenas quince días antes, el 04/04/2018, tuvo que comparecer ante el pleno de la Asamblea de Madrid para explicar el presunto fraude en la expedición de su título de máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 

Presidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018), ahora es tertuliana y colaboradora de ‘Sálvame’

El 21/03/2018, un medio digital había publicado una investigación, según la cual dos asignaturas de dicho máster, «La financiación de las CC.AA.» y «Trabajo Fin de Máster» (27 créditos de 60, el 45%), figuraban como «no presentadas» en 2012, y en 2014, sin mediar acta, fueron irregularmente modificadas, apareciendo como «Notable». Cifuentes mostró como prueba de que había realizado su máster un acta, pero el mismo día en que comparecía ante la Asamblea, otro medio digital aseguraba que al menos dos de las tres firmas eran falsas, y que había sido realizada ad hoc dos semanas antes, no en 2012. 

El 05/04/2018, una de esas firmantes y supuesta presidenta del tribunal del máster, Alicia López de los Mozos, denunció la falsificación de su firma, que nunca fue presidenta del tribunal ni sabía nada del máster. El 06/04/2018, Javier Ramos, rector de la URJC, reconoció que no había acta original y que, por tanto, no podía confirmarse que Cifuentes hubiera defendido el máster. Ese mismo día, otra de las firmantes, Clara Souto, afirmó que su rúbrica también era falsificada, y Enrique Álvarez Conde, supuesto tutor, dijo que había sufrido gran presión del rector para «reconstruir» un acta, algo que, según él, habría hecho Cecilia Rosado, una de las pretendidas vocales del tribunal. 

El 10/04/2018 se publicó un acta de convalidación de otro 25% de las asignaturas donde 5 de 6 firmas habrían sido falsificadas. Ese mismo día, una de las firmantes y subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP), que dirigía Álvarez Conde, dimitía. El propio Álvarez Conde fue suspendido en sus funciones el 13/04/2018. 

El 27/04/2018 se abrió proceso judicial que se cerró el 15/02/2021. Para entonces había fallecido Álvarez Conde, pero se condenó a Cecilia Rosado a un año y tres meses de cárcel, y a María Teresa Feito, ex asesora de Cifuentes y encargada de hablar con Rosado, a tres años. Cifuentes fue absuelta. La ex dirigente del PP vivió de la política durante 27 años: diputada en la Asamblea de Madrid (1991-2005), Vicepresidenta primera de la misma (2005-2012), Delegada del Gobierno en Madrid (2012-2015) y Presidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018). Ahora es tertuliana, colaboradora de ‘Sálvame’ y concursante de ‘reality shows’. 

*Licenciado en CC de la Información