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El Periódico Extremadura

Alberto Hernández Lopo

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Alberto Hernández Lopo

Diez años de un rescate

El rescate fue, en una gran parte, una protección para el funcionamiento público

Se me ocurren pocos eventos socioeconómicos con peor fama y un relato más falseado que el denominado «rescate bancario», del que se cumple una década. La construcción pública de aquella inyección financiera se realizó sobre el vértice de ser un rescate a los bancos sobre las personas y articular una deshonesta indulgencia con el poder y el capital. Terreno abonado para la demagogia.

Antes de hacer cualquier deconstrucción, empecemos por su razón de ser: era una necesidad. Una caída del sistema bancario español, que ya había mostrado sus debilidades por la crisis subprime originada en Estados Unidos, hubiera sido una pesada losa para el país. Muchos clamaron porque era una defensa de los «accionistas» de las entidades (ahora veremos el porqué de las comillas y por qué no era necesariamente cierto). Parecía más que una obligación ineludible proteger a los depositantes, al menos hasta al nivel legalmente establecido, y empresas, que en un entorno de frágil demanda hubieran recibido la puntilla con una vuelta de tuerca en la restricción del crédito. 

En realidad, fue, también, un requerimiento de Bruselas y el Banco Central Europeo (BCE). En el inicio de lo que después se llamó «crisis de deuda», cualquier auxilio a España debía pasar por sostener su sistema financiero si se quería evitar una intervención por la troika comunitaria. Así que se propuso un modelo parecido al ejecutado en Irlanda, que creó en 2007 un vehículo (denominado NAMA) que absorbió, con aval estatal, la «deuda tóxica» derivada del crédito inmobiliaria que presentaba el balance de sus principales bancos. Sin el rescate, no sólo las entidades españolas estaban desprotegidas, sino que hubiera sido imposible rebajar la prima de riesgo como país. Algo que ya castigaba nuestras cuentas públicas. 

Conviene aclarar aquí las comillas sobre la adjetivación como «bancario». Cuando se instrumentaliza el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que fue la herramienta usada para la recepción de los fondos y que creó la SAREB, el «banco malo») la práctica totalidad del capital se usó para las antiguas Cajas de Ahorro. Estas entidades ya habían dado muestra de extrema debilidad en los test de estrés y su capacidad de salir a captar recursos financieros era muy escasa.

En el origen de la crisis, se malinterpretó la magnitud del impacto en las cajas. El entonces gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, ideó las llamadas «fusiones frías», que suponía la integración de diversas cajas en nuevos bancos. No funcionó porque no atacaba el problema, sólo hacía una bola mayor. Y porque fue una concesión a los «accionistas» de las cajas: los poderes públicos. Tener una entidad sobre la que tenías control en tu territorio constituía un poderoso instrumento político. De ahí las resistencias a ceder cuotas de poder en estas entidades, lo que condujo a estas fusiones en un precioso tiempo de acción perdido.

¿Por qué mostraban las cajas un mayor desequilibrio que el resto del sistema? Los accionistas de las cajas eran los poderes públicos. Creadas como fundaciones sin ánimo de lucro, en sus órganos de control se juntaban representantes autonómicos, corporaciones provinciales y municipales o sindicatos. 

En la década de la expansión previa a la crisis, decidieron competir con los bancos. Como no podían repartir dividendos (no había ánimo de lucro) su forma de competencia fue crecer fuera de sus territorios de origen y ampliar sus balances, a costa de los niveles de riesgo. Se produjo una desalienación de incentivos: los gestores posibilitaron operaciones no por criterios de inversión sino por una mezcla de intereses políticos y sociales. Las cajas eran financiadores fundamentales de las administraciones públicas, así que el rescate fue, en una gran parte, una protección para el funcionamiento público.

El sentido del rescate estaba claro. Sólo que una buena idea puede convertirse en mala por una deficiente ejecución. En el traspaso de los activos de las entidades al banco malo se hizo con valores cuestionables, que no reflejaba la realidad del deterioro sufrido. Nacía asumiendo de partida pérdidas no reconocidas. Por eso (a diferencia del ejemplo irlandés, que ha devuelto la totalidad de lo recibido), el FROB aún debe recuperar más de 50 mil millones de euros. En esa partida, solo lo invertido en la fusión de Caixabank tiene visos reducir la cuenta.

Como estado de derecho, no se puede consentir un cierre en falso: aún nos debemos una auditoría del total de las ayudas y su estatus actual así como una investigación pública que aclare las responsabilidades administrativas.

*Abogado, experto en finanzas

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