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Alberto Hernández Lopo

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Litio

La propuesta de Vara es impulsar una norma que declare al litio de interés general

Guillermo Fernández Vara en el pasado debate sobre el estado de la región. ASAMBLEAEX.ES

Con el asunto del litio, en Extremadura en general y en Cáceres en particular ha habido poco espacio para los matices. Realmente, no podemos asegurar que se haya producido un debate público en profundidad. O, al menos, uno que responda a la preocupación que sí se comprueba en la ciudadanía. Quizás sea porque se mezclan tres vertientes (política, social y económica) que tienen tiempos distintos y enfoques que -incluso si no debieran- parecen divergentes. Mi particular sensación es que un tema que hacen que los ánimos se encrespen con su sola mención.

Aquellos que defienden la no instalación de la mina, con toda legitimidad, son los más activos. Por ello dan la sensación de ser más numerosos. No sé si el ruido los convierte directamente en mayoría sobre otros que no están en contra o no se posicionan por el momento. Pero ellos lo creen así. Hasta este periódico ha sido objetivo de ataques y diatribas, imagino que espontáneos, por un supuesto cambio editorial. Una insidia que viene de confundir el derecho a informar con la promoción, o el hecho de que, sí, de momento aquí no hay una verdad inmutable. Resumiendo, prueba del caldeado ambiente.

Al litio se le han otorgado esos ostentosos calificativos que adornan en titulares. ‘Oro blanco’, ‘nuevo petróleo’. Una forma de explicar el porqué de su alto valor: es un recurso escaso y finito. No como el petróleo, cuyo horizonte temporal aún es amplio, sino que el final del litio es más cercano en el tiempo. Mientras no exista reemplazo en sus usos, el valor de este mineral será creciente. 

Es componente clave en varios sectores de producción (automóviles, energía, electrónica) estratégicos a nivel global. El litio es la llave para el desarrollo actual de las energías renovables, para su almacenamiento, e irremplazable para la fabricación de baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Su uso se disparará en esta década, lo que ha llevado su precio a niveles estratosféricos en sólo diez años: el coste de una tonelada en 2012 apenas superaba los 4.000 euros, mientras su cotización actual se acerca a los 75.000 euros.

Este es el contexto que mueve a Fernández Vara a anunciar, en medio del debate del estado de la región, una «ley del litio». La propuesta del gobierno extremeño es impulsar una norma que declare al litio de interés general y obligar a que la extracción y el tratamiento se mantengan en la región (obviamente, condicionando cualquier concesión de aprovechamiento). Más allá de la oportunidad política de anunciar la novedad en el debate regional, Vara se muestra de esta manera coherente con la que ha sido siempre su posición, a favor de explotar el recurso o guardando un prudente silencio valorativo, dejando el trabajo preliminar a la parte técnica de la administración (en Cáceres, sin embargo, un Salaya en campaña extendió cheques que ahora no sabe si podrá pagar, caros para su credibilidad).

El presidente ha sido astuto imitando una iniciativa legal que ya habían desarrollado los grandes productores de litio. Bolivia, Argentina, y más recientemente, México, cuentan con leyes del litio, blindando el interés estratégico del mineral para regular su explotación y tratamiento, a menudo en manos de compañías foráneas.

Bolivia, Argentina, y más recientemente, México, cuentan con leyes del litio, blindando el interés estratégico del mineral

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«Preventivamente», parece y suena como una buena idea. Al final, se trata de defender las posibles inversiones en la región, que sin duda debe ser un objetivo político. Desde una perspectiva liberal, sin embargo, surgen dos dudas a resolver. Primero, el marco jurídico de aquellos países dista mucho de un ordenamiento comunitario en el que el establecimiento de barreras públicas atenta contra la competencia (la indeterminación en el anuncio de la norma tampoco ha permitido aclarar nada). Segundo, porque no se deben establecer frenos a la iniciativa privada que no deriven del cumplimiento de los estándares de calidad medioambientales y urbanísticos en este caso. Tengo la sensación de que un marco negocial con transparencia encajaría mejor.

En todo caso, es valorable el paso público dado para poner «pie en pared» a los que pretenden invertir (de hecho, PSOE y PP han ido de la mano). Tiene que culminarse, y deberá ser en un marco que garantice seguridad jurídica.

Hay tiempo: sobre la mina de Cáceres aún se extienden las dudas sobre su verdadero rendimiento. Estando a favor de esa explotación, sólo será viable una instalación subterránea con garantías medioambientales y que permita el desarrollo del completo proceso industrial en la región. Y esa es un incógnita aún no resuelta.

*Abogado, experto en finanzas

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