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El Periódico Extremadura

Alberto Hernández Lopo

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Alberto Hernández Lopo

La sociedad paralela (II): la financiación

El camino es subir impuestos o reducir el gasto. No hay más

Hablábamos en el artículo anterior de cómo la omnipresencia de funcionarios en los poderes públicos, desde la lógica dirección del judicial hasta su predominancia en el ejecutivo, configuraba una visión de nuestra sociedad. 

Insisto en que no hay ningún problema originario con que sea el nivel funcionarial en el que copa los estadios de poder público. Especialmente, si los balances de control entre ellos. Sin embargo, cuando entra en la maquinaria los incentivos propios de la arquitectura política, se comprueba un peor funcionamiento de lo público, una distorsión en la aplicación de políticas y una visión en la elaboración de normas que sólo tiene en cuenta la propia supervivencia del sistema.

Quizás esto sea más visible si comparamos otros países, casos de Reino Unido o Alemania en Europa, o Estados Unidos fuera de nuestro entorno. ¿Recuerdan casos de empresarios de éxito o altos directivos que hayan tenido una carrera estable o un éxito en su salto desde el sector privado al público? A diferencia de los países mencionados, cualquier intento en este sentido suele ser percibido negativamente por el propio electorado y genera rechazo en los rivales políticos. Todo nace del mal entendimiento que dicta que sólo desde el sector público se puede defender la gestión pública y desde la extensión de la sospecha de los intereses privados sobre lo anterior. Un juego de contrarios en lo que debiera ser, claramente, complementariedad. El ‘ying’ y el ‘yiang’.

Pero el título ahí arriba habla de la «financiación». ¿Qué implica la perspectiva funcionarial en la financiación del sector público? La relevancia tiene dos vertientes: ingreso y gasto. En ambas se hace patente esta influencia, pero de nuevo partimos de un ‘mantra’ que, en realidad, no existe: la separación de los recursos públicos del sector privado. 

Nada mejor que usar ejemplos para clarificar conceptos. Los ingresos del sector público se generan, en su amplia mayoría, a través del sistema tributario. Pese a los principios que rigen este sistema (entre ellos, igualdad, progresividad o no confiscatoriedad) en los últimos años hemos visto incrementada notablemente la conflictividad con la agencia tributaria. En dos vías: por un lado, respecto a la propia existencia de algunos tributos o tipos tributarios. El legislador, muchas veces menos sagaz, ha hecho gala de alarde imaginativo en la proliferación de hechos imponibles. Incluso, donde es dudoso que haya ni siquiera actividad. El caso más paradigmático es la archifamosa plusvalía, que llegaba a gravar ganancia dónde había pérdida. O las penalizaciones en el modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero. 

Por otro, la litigiosidad frente a la administración tributaria se ha elevado igualmente. Desde luego, la lucha contra el fraude fiscal debe ser un objetivo público, pero no cabe trabajar cómo si todo el impago a las administraciones llevará aparejado ese estigma. La prueba de la falta de flexibilidad del sector público está en la propia normativa concursal, que sigue consagrando un privilegio que no en pocas ocasiones deriva en una protección de lo público frente a la supervivencia de la empresa. Que es, no olvidemos, el fundamento declarado de esa ley.

En la variable del gasto, las muestras proliferan. Apuntemos dos: la ejecución presupuestaria y la creación de redes clientelares mediante subvenciones. Ambos casos son perversiones nacidas de la utilización partidista y dirigida de lo público, pero no son inocuas para la actividad empresarial y particular.

Antes que el uso de subvenciones y fondos directos cabría la opción de exenciones e incentivos fiscales. De esquemas de protección o inversión temporal. Ocurre que esto “eliminaría” una doble vía de influencia: por un lado, la elección de los beneficiarios y, por otro, la creación de un entramado de fiscalización. Hemos llegado al límite de tener estructuras públicas más costosas que los fines que motivaron su justificación.

Mientras haya un desapego al origen de los fondos públicos y la consideración de lo privado como opuesto a lo público, seguirá primando la visión funcionarial de la política. Y viceversa. Por eso, todas las propuestas de reducción y eliminación de impuestos son incluso contestadas desde los mismos partidos.

España tiene una deuda desbordada y, récord de recaudación incluida, mantiene la senda del déficit. El camino es subir impuestos o reducir el gasto. No hay más. Pues ya saben cuál se va a escoger.

*Abogado, experto en finanzas

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