Leyendo el título de este artículo, quizá piense el lector que me refiero a la condena a la cúpula de UGT Asturias por fraude en las subvenciones públicas, por la que su ex secretario general, Justo Rodríguez Braga, fue condenado a dos años y diez meses de cárcel y 586.000€, en diciembre de 2021. O a la sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de Santander, hace ocho meses, que anuló las elecciones en Urbaser S.A. porque habían sido simuladas mediante documentos falsos por responsables de CC.OO. O a la condena que en 2008 ordenó a CSIF abonar a la Junta de Castilla y León 731.071€ por subcontratación irregular en cursos de formación. O a la disolución de la gestora de USO en Galicia en 2014, al tener tres miembros acusados del cobro de comisiones. O a los casi 400.000€ que gastaron en dietas durante la pandemia los sindicatos mayoritarios de RTVE. O a los 1.165.000€ que se apropiaron representantes de UGT y CC.OO en el escándalo de las «tarjetas black». O a los 9,7 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclamó en julio de 2021 a UGT por el «Caso ERE».
Sin embargo, y siendo de enorme gravedad la corrupción como uso indebido de recursos públicos, lo más crítico en este caso es la corrupción entendida como deterioro de los valores.
Aunque en España, más que hablar de deterioro, es preciso señalar un diseño institucional pensado durante la Transición, con premeditación y alevosía, para construir un sistema político bipartidista y un duopolio sindical. A ese pecado original, hay que añadir la decadencia posterior, imparable hasta hoy, sumándose unos pocos sindicatos mayoritarios que han convertido el duopolio en oligopolio, cómplices en cuanto que no solo no han renunciado a los privilegios establecidos por el diseño original, sino que han tratado de ponerlos a su favor, más allá de retóricas críticas sin correlato con los hechos.
¿Qué pensaría el lector si a todos los partidos políticos que tuvieran un 10% de representación en el Congreso de los Diputados el Estado les regalara algunos escaños en las Asambleas Regionales aunque no obtuvieran un solo voto en esos territorios? Imaginen a PP, PSOE, VOX y Podemos con una representación fija en todos los Parlamentos regionales, en todas las Diputaciones y en todos los Ayuntamientos, por el solo hecho de ser «partidos más representativos a nivel estatal». Pues justo eso es lo que consagra el artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical. Es fácil definir tres de las consecuencias principales de tamaña barbaridad: se corrompe el sentido democrático de las elecciones sindicales, se corrompe la representatividad y legitimidad reales y se corrompen las opciones de nacimiento y crecimiento de nuevas organizaciones en defensa de los trabajadores.
¿Ha pensado en alguna ocasión el lector cómo se puede ser al mismo tiempo sindicalista y diputado o senador?
Seguro que el lector tampoco sabe que las elecciones sindicales no están reguladas, y que, por tanto, son una suerte de «selva jurídica». Allá donde, por ejemplo, la Administración no puede inaugurar una obra pública en plena campaña electoral, sin embargo, Administración y sindicatos mayoritarios —cuyos objetivos convergen las más de las veces— siguen negociando durante las campañas, siempre, por supuesto, en favor de los sindicatos que están en la Mesa que, como ya hemos dicho, suelen ser siempre los mismos «por ley». Esa es la razón, de hecho, por la que, a día de hoy, las elecciones sindicales en la Junta de Extremadura están impugnadas y pendientes de la intervención de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC). Es obvio que se trata de una corrupción de base en unas reglas de juego que no se aceptarían en ningún otro tipo de elecciones.
¿Ha pensado en alguna ocasión el lector cómo se puede ser al mismo tiempo sindicalista y diputado o senador? Es como si un empresario redactara por la mañana las normas que rigen a los trabajadores y se manifestara por la tarde contra esas mismas normas. La puerta giratoria «partidos-sindicatos» es la primera que debería cerrarse, pues supone una corrupción de origen en la noción de ambas funciones, fundamentales en cualquier Estado no fallido.
¿Y qué me dicen de la falta de transparencia del crédito sindical o la remuneración de sus directivos? Busquen y verán cómo, salvo excepciones, no hay forma de saberlo. Pura corrupción por falta de control democrático. Continuará.
*Licenciado en CC de la Información
