Víctimas

La refriega política no deja al margen de sus espurias disputas y de los artificiosamente encendidos debates en las Cortes y los medios de comunicación ni a las víctimas. Además, para más inri, ocurre que, cuando aparecen en cualquier discusión, suele ser para tomarlas como rehenes, para tratar de imponer los argumentos propios sobre los de los adversarios o para convencer sobre las bondades o efectos perniciosos de una ley en trámite o ya aprobada, sobre una decisión adoptada o sobre unas medidas implementadas. 

Pero no se las sitúa en el centro del debate para generar el necesario consenso en torno a lo que pueda afectarlas para trabajar en su favor. Durante las últimas semanas, los políticos han guerreado dialécticamente a propósito de las terribles consecuencias que está teniendo la implementación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del “solo sí es sí”. Y no parecía que nadie pensara sinceramente en el dolor que lo que está pasando causa a las víctimas de violaciones, abusos y agresiones sexuales. Estas víctimas están viendo cómo los seres inmundos que tanto daño les hicieron ven rebajadas sus penas o son puestos en libertad por la aplicación de la mencionada ley. Están reviviendo un calvario que algunas de ellas habían logrado dejar atrás y que otras nunca conseguirán olvidar. 

Están sufriendo al comprobar cómo se reabren heridas que causaron lesiones incurables en sus cuerpos, mentes y almas. Y están sintiéndose atemorizadas al saber que esos despojos inhumanos campan, de nuevo, a sus anchas, en libertad y sin ningún tipo de control, por pueblos y ciudades, con el peligro que esto supone cuando se habla de sujetos con una tara moral y ética absolutamente incorregible. Me gustaría pensar que, si la principal impulsora de la Ley, la ministra Irene Montero, su equipo, el gobierno y los partidos que la aprobaron hicieran examen de conciencia sobre los efectos reales que la puesta en marcha de dicha ley está teniendo, se darían cuenta de que no tiene sentido enrocarse y defender lo indefendible. 

Independientemente de los deseos, propósitos u objetivos que pudieran haber tenido cuando idearon, elaboraron y ratificaron dicha Ley, las consecuencias son las que son: de momento, 45 delincuentes sexuales se han visto beneficiados por su aplicación. Si ese dato no les lleva a replantearse su postura, a pedir perdón, a hacer propósito de enmienda y emplear su tiempo en corregir el gravísimo error cometido, verdaderamente es que no tienen corazón ni vergüenza. Las dimisiones de los responsables de esta infame chapuza legislativa no deberían hacerse esperar. Porque hay errores que son imperdonables. Pero, aún más que eso, urge la reforma de una Ley que ha acabado alegrando a los depravados y martirizando a las víctimas. 

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