La democracia y su «reducción al absurdo»

La lucha por el poder no da cuartelillo. Y si alguien creía que la cúpula judicial estaba al margen de ella es que vivía en lo más alto de un guindo. De hecho, la cuestión no es si el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial deben participar o no de la «maraña de la política» (pareceinevitable que así sea), sino si esa participación ha de tener algún límite, y si ese límite está más o menos relacionado con los propios a la arquitectura del sistema político. Veamos.

La presente guerra proviene directamente del «secuestro» del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, que se ha negado reiteradamente a cumplir con la obligación constitucional de facilitar la renovación de sus miembros, algo que hubiera cambiado su composición (ahora de mayoría conservadora) y, por ende, la del propio Tribunal Constitucional (que también mantiene de forma anómala una mayoría de jueces conservadores). En este sentido, la estrategia del PP ha consistido en chantajearal gobierno, exigiendo cambios legislativos imposibles, a cambio de facilitar la renovación de los jueces y obligando, mientras tanto, a prorrogar sus mandatos de forma artificiosa.

Hasta aquí, los golpes de la lucha política afectaban – pero solo afectaban – de modo inusualmente enérgico a uno de los pilares del sistema: el de la rotación del control del ejecutivo sobre el poder judicial (equivalente al que el poder judicial tiene sobre el ejecutivo). El problema es que en el asalto visto estos días la pelea ha llegado a quebrar, no sabemos hasta qué punto, al propio sistema.

Este segundo y peligroso asalto ha comenzado con la acción, desesperada e insensata, por parte del gobierno, de intentar romper el control del PP sobre el poder judicial con una artimaña legal poco ortodoxa y por la vía de urgencia; algo que, dada la trascendencia de lo que se pretendía reformar, no era, ni de lejos, lo más procedente. Pero esto, que podría quedar expuesto, con toda normalidad democrática, a una reprobación posterior del Tribunal Constitucional, ha dado pie, sin embargo, a una reacción aún más explosiva del PP, que ha pedido a un TC bajo su control que emprenda una medida tan democráticamente inconcebible como la de suspender cautelarmente la discusión y votación de una propuesta de ley (ya aprobada, además, en el Congreso)por parte de los representantes públicos, «no fuera a ser»que estos acabaran votando enmiendaspoco constitucionales…

Con esta medida, el Partido Popular ha escalado hasta un extremo peligrosísimo la lucha por destruir a un gobierno que, contra todo pronóstico, se muestra más correoso, unido y resistente de lo que se preveía. La escalada consiste en utilizar el control de la cúpula judicial para generar una inestabilidad política e institucional tan grave que Núñez Feijóo pueda relanzar su imagen como la alternativa moderada que necesita imperiosamente el país. Si el valor distintivo de la «marca Feijóo»(frente al extremismo de VOX y el populismo chocarrero de Ayuso) es el orden y la moderación, no hay más que crear la necesidad de tales cosas y, para ello, nada mejor que colocar el país al borde de un colapso que quepa atribuir al «radicalismo de izquierdas».

El Partido Popular ha escalado hasta un extremo peligrosísimo la lucha por destruir a un gobierno

¿Por qué esta estrategia? Dado que el malestar por la crisis económica o la (escasa) contestación socialson insuficientes para dar la vuelta a las encuestas, el PP habría optado por explotar la bronca institucional permanente. No queda otra. Pese a quien le pese, el gobierno de Sánchez ha logrado gestionar una pandemia nunca vista y afrontar los efectos demoledores de una guerra sin excesivo desgaste, ha apaciguado el conflicto con Cataluña, y mantiene la situación económica bajo control (incluso en mejor estado que los países vecinos). Además, afrontará el próximo periodo electoral desde la presidencia de la Unión Europea, algo en lo que la imagen de estadista internacional de Sánchez supera con creces a la del provinciano y escasamente carismático Feijóo...  

Ahora bien, lo malo de provocar una gravísima crisis (como la de estos días) para adelantar y/o ganar unas elecciones, es que supone poner en jaque (o en tablas) al sistema entero. Y esto, lo haga quien lo haga, es sumamente peligroso e irresponsable. Y una prueba no menorde esta irresponsabilidad y de que la lucha política ha traspasado los límites democráticos tiene algo que ver con lo que los filósofos llaman «reductio ad absurdum». Cuando el proceso de legítima confrontación política conduce al absurdo de ver a los magistrados del TC decidiendo de forma indigna sobre su propia recusación, o bloqueando, ellos mismos, la votación en el Senado que podría forzarlos a renovar sus cargos, es que hemos llegado al límite mismo de la sensatez. Y hay que rectificar, antes de que salgamos todos perdiendo. 

*Profesor de Filosofía

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