Opinión | Extremadura desde el foro

Dinamarca

De cómo se ha afrontado el caso del árbitro Enriquez Negreira en nuestro país

Algo huele a podrido en Dinamarca». La shakespeariana frase que oye el príncipe Hamlet, antes que se desencadenen los hechos trágicos de la obra, es una de esas sentencias recurrentes en el análisis político. El manoseo de la cita ya debiera darnos pistas de por dónde ha ido el proceder político. Por claro que esté que habrá un porcentaje de manzanas infectadas, por aquello de la condición humana y la vis atractiva del parné, tragar sapos de forma continuada y con la naturalidad de lo habitual es un patente indicativo de que algo está fallando.

No tengo ni idea si lo del árbitro Enríquez Negreira y el Barcelona era vox populi. Los dos grandes de nuestro fútbol han recibido tradicionalmente mejor trato arbitral. Es una evidencia. Sólo que, digamos, queríamos creer que entraba dentro de la afluencia del poder al deporte de masas. O viceversa. Parecía responder más a afinidades selectivas o un trato de favor al poderoso que a una acción sistemática y planificada. Cualquier sospecha que hubiese habido (no han sido pocas) en torno al fútbol profesional solía decaer por la falta de pruebas. En este caso, lo cierto es que sobran.

El ominoso silencio de partida del resto de clubes del fútbol profesional tras las revelaciones periodísticas sobre la relación del exárbitro y miembro del comité técnico y el club sólo podía achacarse a un principio de cautela (que rozaba el exceso). La otra explicación era una complicidad que discutía con su condición de potenciales víctimas. Que menos que pedir una aclaración pública. De hecho, las posteriores manifestaciones de clubes y la Liga han ido en esa lógica línea. Con una (llamativa) excepción: el Real Madrid se ha opuesto a esta estrategia. Algo que exclusivamente puede responder a la intención de preservar el valor de la presencia del Barcelona en la competición (y su lucrativo antagonismo). O de proteger su alianza en el proyecto de superliga europea. Ambas opciones implican la preeminencia de una visión empresarial sobre la idea misma de la justicia y limpieza de la competición. Ya es malo. La alternativa que explicaría ese silencio es aún más difícil de asumir: el hecho de haber compartido prácticas. Lo cierto es que ninguno de los dos supuestos (evidente en la segunda) deja en buen lugar al club, y muchos de sus aficionados (entre los cuales me cuento) están realmente incómodos con esta aparente «omertá».

El fútbol es deporte rey en España. Basta con comprobar el tiempo dedicado en medios y plataformas para tener una idea clara de su peso sociológico. Es una afición, una devoción. Lo que no debes hacernos olvidar que, fundamentalmente, es un negocio. 

A pesar de ello nos gusta pensar que, en realidad, el fútbol sólo es un pasatiempo. Sí le concedemos la categoría de «cosa más importante entre las cosas menos importantes». Como si fuera una patente para actuar como forofos, como hooligans. Con la tranquilidad de parcelar ese comportamiento al tiempo que rueda el balón. Al fin y al cabo, es sólo fútbol.

Pero me temo que dice más: cómo se ha afrontado este tema en sus diversas vertientes habla más de nosotros mismos como sociedad de lo que seguramente querríamos admitir. Hay un par de respuestas que son escasamente edificantes y que dudo toleraríamos en otros ámbitos.

Al final, sí que nos parecíamos en algo a Dinamarca. Sólo que en esa versión literaria y trágica. La que no conviene

Una justificación muy repetida (especialmente en Barcelona) es que, incluso existiendo los pagos, no hay relación directa con el beneficio ni se puede probar. Como si fuera parte de un engaño «capitalino», un agravio más. Y es que no es ni siquiera necesario: el hecho de tener bajo contrato a un miembro del supervisor concita ya todo el reproche moral. Y la evidente ilegalidad de la actuación. Las únicas intencionalidades a las que puede deberse este vínculo son la influencia o el control. No observar los balances y sistema de fiscalización entre instituciones es, en sí mismo, una forma de corrupción.

Similar a aquellos que dictan que la intensidad de la crítica depende de si conviene o no a nuestros colores. La generalización interesada, sin pruebas fehacientes o evidencias (muchos ya han metido al Madrid en el saco) esuna suerte de juicio paralelo que debiéramos evitar. No basta la sospecha ni vale el «si el río suena». Cuando se dan indicios racionales para la sospecha, no digamos si son contundentes como las de este caso, debíamos solicitar luz y taquígrafos y que los sistemas de vigilancia y, sobre todo, de fiscalización actúen con toda la fuerza de la ley. Con las consecuencias idénticas, no una discriminación según el «caso».

Al final, sí que nos parecíamos en algo a Dinamarca. Sólo que en esa versión literaria y trágica. La que no conviene. 

*Abogado, experto en finanzas

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