De convivencia e igualdad

Así como el que no quiere la cosa y a la chita callando, que se suele decir, nos encontramos directamente en el portal de transparencia de nuestra Junta de Extremadura con el borrador de Decreto de Convivencia y la Igualdad de Género en Centros educativos para que la ciudadanía, en general, haga las aportaciones que considere necesarias. Qué tendrá de particular se preguntarán ustedes, y ciertamente no tendría que haber sido particular salvo por un pequeño detalle, que ya pasó por audiencia pública, concretamente por resolución de 14 de octubre de 2022 y publicado en DOE, aunque con anterioridad se dio un plazo de siete días hábiles y ahora son quince naturales. Habría que preguntarse qué ha ocurrido entre octubre de 2022 y abril de 2023, o mejor, que no había de ocurrir durante ese tiempo.

Indistintamente del retraso o modificaciones y el perceptivo “cuelgue” en el portal de transparencia, lo que es obvio son las prisas por su aprobación, si se aprueba y de su publicación, si se publica, e imagino que antes que el tiempo apremie, que apremia, los legítimos representantes del profesorado, que algo tendrán que ver con los centros educativos, al menos hasta la fecha, podremos decir algo, lo representantes en mesa y el profesorado en los centros, y seguramente una vez leído, dentro y fuera del mismo.

Pero al grano, la norma, imbuida en una especie de mística zen, y a menudo con un vocabulario no místico, pero digno de ser preguntando para llevarse el rosco de pasapalabra, resulta incluso insultante para el profesorado, pues resulta que en la misma norma se encuentran tanto alumnado como profesorado, pero no en derechos y deberes, que hasta la fecha era lo normal, explícitamente cita: La Administración en materia de educación y los centros educativos deberán planificar actuaciones para la prevención y erradicación de posible violencia por parte de los docentes hacia el alumnado. Hombre, les parecerá bonito. No sé a quién o a quienes querrán contentar pero si echamos un vistazo al resto de comunidades, en ninguna aparece tal ignominia hacia los trabajadores de la educación, pues al docente se le presupone de antemano. Imagínense una norma ciudadana donde aparezca que haya que prevenir y erradicar la violencia de los cuerpos de seguridad hacia los ciudadanos o de abuso de jueces, o de políticos.

Y eso sin entrar en el fondo ni en el detalle. Donde antes precisamente para prevenir abusos, agresiones, insultos o entre otros, el acoso y el ciberacoso, existía métodos abreviados para la expulsión de un alumno, por conductas gravemente perjudiciales, que por cierto, ahora son graves solamente, ahora se podrá hacer, pero eso sí, cuando termine el expediente, que parece más el juicio más largo del mundo, tanto administrativamente como en plazos, el alumno estará de Erasmus y terminando la carrera, eso sin contar que hará falta un abogado de oficio para su cumplimentación.

No digamos de las funciones del coordinador/a de bienestar, porque no sé qué garantizará pero no su propio bienestar. En fin, no sé las familias que opinarán, pero desde luego un centro educativo no debiera ser lo que este decreto está viniendo a mostrar.

*Presidente de ANPE en Cáceres. 

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