Extremadura desde el foro

La barrera

El manual práctico del IRPF 2023 ha crecido un 18% respecto al año pasado. Hasta un 46% si la referencia es 2020  

Alberto Hernández Lopo

Alberto Hernández Lopo

Unas dos mil páginas. Ese el volumen (nunca mejor dicho) que tiene el manual práctico del IRPF 2023. Leído en Twitter, se acompañaba de una foto del libro, suficientemente reveladora por sí misma. Por cierto, en esa guía explicativa se dedican más de quinientas páginas a las distintas deducciones autonómicas. Unas doscientas, a las ganancias patrimoniales del contribuyente. Además, y esto se lo esperan, consolida una tendencia: respecto al manual del año pasado ha crecido un 18%. Hasta un 46% si la referencia es 2020.

Hablamos de un impuesto con una amplísima base de obligados tributarios y con el que, a lo largo de una vida, es más que probable que la mayoría de españoles tenga relación. Pues requiere unas dos mil páginas para su completa aplicabilidad (y entendimiento). Obviamente, asumimos que la práctica tributaria incremente paulatinamente su complejidad a la vez que la realidad social y económica se modifica; y en muchos casos, «sofistica». De acuerdo. Pero desde luego no es precisamente un indicativo de simplicidad del sistema tributario para el administrado. La palabra «administrado» tiene una connotación jurídica. Cuando la convertimos a lo que en realidad significa, es decir cualquier ciudadano, comprendemos mejor las implicaciones.

Por supuesto, es sólo un indicio. Ocurre que también sugiere el origen del aumento de la litigiosidad tributaria. Y de los costes derivados de esta conflictividad (por no hablar de los incentivos perversos dentro de la propia administración). Las crecientes controversias jurídicas en la interpretación de los tributos no son casuales, sino fruto de una instrucción. Cuando se ejecuta de forma indiscriminada, termina convertida en un aumento del gasto público. Es indudable que el mayor margen de interpretación es consecuencia de la introducción de variantes en el sistema impositivo, y, por ello, mayor disparidad entre las partes. 

Con todo, ese no es el objeto de estas líneas. Vale como muestra de que la administración ha decidido alejarse progresivamente en su actuación del ciudadano. En una inercia acelerada por la pandemia y la irremediable no presencialidad, la administración ha ido construyendo una barrera frente al ciudadano. Cierto que los procesos administrativos nunca han sido especialmente amables. Terreno árido, en el que la burocracia se interponía en no pocos casos al sentido común. Pero la separación actual parece forzada.

Quizás el ejemplo evidente es la imposición de la cita previa en la relación con la administración. La adopción de la cita previa, resultado directo de las medidas sanitarias, se ha mantenido como una herramienta en las diferentes administraciones incluso cuando su motivación había decaído. Sigue siendo un modelo sostenido, que supone un verdadero quebradero de cabeza para el ciudadano. Esta práctica, de dudosa legalidad, representa un verdadero problema para los grupos más vulnerables y afecta a sus derechos esenciales.

Definitivamente, tampoco ayuda el laberinto que supone la convivencia de distintos niveles de administración, en ocasiones cruzando competencias. No hay forma de que ciudadanos y empresas (especialmente, las pymes, mayoría absoluta en nuestro país) sepan intuitivamente dónde y cómo resolver trámites o defender sus derechos.

El final de este distanciamiento es cierta sensación de desamparo frente a la maquinaria administrativa, que puede derivar en costes humanos y económicos -forzados al uso de asesores o especialistas- para la tramitación de elementos esenciales de nuestro día a día.

Esto no es una crítica absolutista a las administraciones ni a su necesidad. Ni por supuesto exenta de matices y excepciones. Queda claro, sin embargo, que en algún momento se pervirtió la ratio última de la administración: el servicio público. Algo que se comprueba en la intensísima actividad legislativa. Lejos de buscar la convergencia o la eficiencia en las normas y su aplicación, muchas nacen sólo porque cada estamento creado tiende a dejar su huella, de forma que dé sentido a su existencia misma.

Por eso creo que le va a costar a la izquierda explicar su rechazo a la propuesta de supresión/concentración de ministerios. Primero, porque una estructura no tiene por qué ser sinónimo de que haya una mejor gestión. Segundo, porque, incluso aunque sea una oferta electoral (con lo que ello conlleva), el ciudadano percibe valor en la simplificación y la racionalidad del gasto. La administración no sólo debe ser sino probarse accesible.

*Abogado, experto en finanzas

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