En el año 2007, la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y PSOE, el estatuto de los expresidentes de la Junta de Extremadura, que recogía sueldos, pero también medios materiales y personales, gastos de oficina, coche oficial y conductor. El Grupo Mixto-IU se opuso, por considerarlo un «atraco a los bolsillos de los ciudadanos».
Cinco años después, el diputado de IU Víctor Casco solicitó la supresión definitiva de los privilegios económicos recogidos en el estatuto, que dijo eran los más amplios del país y habían costado hasta ese momento tres millones de euros a las arcas públicas.
Esta semana, la mesa de la asamblea regional ha acordado asignar a Guillermo Fernández Vara los mismos privilegios concedidos a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, en virtud de la Ley 1/2014 del 18 de febrero, que establece que «la Asamblea de Extremadura asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese», sin especificar estos medios y también que «tendrán derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslado» cuando ejerzan funciones de representación.
En la práctica, esto se ha traducido en tres trabajadores y un vehículo oficial, más las dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, estancias, traslados y otros, lo mismo de lo que ya disfrutan Ibarra y Monago.
En esta ocasión, llama la atención que solo un partido se haya mostrado en contra de estos privilegios y encima uno que no tiene representación de momento en la mesa de la asamblea, Vox.
Las palabras de su portavoz, Ángel Pelayo, recuerdan a las que antaño pronunciara Víctor Casco porque ha dicho que el reconocimiento institucional no debería ser «a costa del erario público», dadas las necesidades de la región.
Las leyes pueden cambiarse y a eso ha apelado acertadamente. No es de recibo que los gobernantes pidan a los ciudadanos que se aprieten el cinturón o se hable de aumentar la edad de jubilación mientras se mantienen privilegios que suponen un elevado gasto para los extremeños. También existe la opción de renunciar a ellos y honraría a quien lo hiciera, como a ese capitán que es el último en abandonar el barco cuando se hunde. ¿Cambiará algo María Guardiola? ¿O será la próxima con privilegios?
