Es posible que los diputados del PSOE tengan dos oportunidades, este otoño, para honrar su papel como representantes de la ciudadanía y finiquitar el liderazgo más tóxico, dañino y antidemocrático que ha tenido ese partido desde 1879.
La primera será el miércoles 27, cuando se vote la investidura de Feijóo. La segunda, si esta fracasa, en la fecha programada para la de Sánchez, si es que Felipe VI le propone como candidato. Los diputados deberían votar en conciencia, contra el mandato de Sánchez. Es imposible creer que ni siquiera en la conciencia del 3% de los diputados del PSOE (no hacen falta más) se abrigue la idea de que lo que Sánchez quiere hacer es un riesgo extremo para la convivencia pacífica en España, un escándalo, la locura de un político envenenado por su ambición y su narcisismo.
Ese puñado de valientes —quiero pensar que valientes, no vendidos por dinero o poder— debería existir, es necesario que exista. Deben pensar durante estos días tres cosas: la primera, que no serían «tránsfugas»; la segunda, que están perfectamente legitimados para votar en conciencia; y la tercera, que la inmensa mayoría del país (por encima del 60%) estaríamos con ellos.
El «transfuguismo» lo inventaron las élites políticas para establecer una pena social sobre una decisión libre amparada por la legislación. El objetivo, incrementar aún más el poder de los partidos, ya casi omnipotente. La Real Academia de la Lengua deja claro lo que es un tránsfuga: «Persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria». Por ejemplo, Jorge Verstrynge, que ha militado en al menos ocho ideologías, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Pero nada tiene que ver eso con pertenecer a una organización y, dentro de ella, votar en conciencia contra algunas de sus decisiones. Los diputados que hicieran eso, por tanto, no serían tránsfugas.
La Constitución Española (CE) deja muy clara (artículo 67.2.) la prohibición del mandato imperativo: los representantes electos no responden más que ante su conciencia, y no pueden obtener mandato directo de nadie, ni de su partido, ni siquiera de la ciudadanía que les ha votado. Esta tradición constitucional liberal, nos guste más o menos, es la que refleja ese artículo, y ampara a los diputados para votar lo que entiendan mejor para su nación.
La consagración de los partidos políticos como únicas entidades de conformación de la voluntad popular (CE, artículo 6), que convierte la democracia en una partitocracia —con los problemas que ya hemos comprobado que de ello se derivan—, es un obstáculo para reivindicar la libertad de conciencia, pero incluso en este aspecto la doctrina constitucional ampararía a los diputados del PSOE que votaran contra Sánchez.
Dicha doctrina (por ejemplo, en la sentencia STC 27/2000) establece que «la voluntad de los electores nucleada en torno a un programa electoral afectado por una fuerza política durante unos comicios tiene y debe tener relevancia constitucional». Sin embargo, ninguna de las cesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer al independentismo figura en el programa del PSOE para el 23-J.
Fuera del ámbito puramente constitucional, se podría acudir a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (artículo 8), para invocar la obligación de los afiliados de «aceptar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido». Pero es que Sánchez tampoco ha sometido a esos órganos la pertinencia de negociar esa investidura, ni mucho menos las condiciones y término de esa negociación.
En definitiva, hay un candidato a presidir el país que va por libre. Sus compromisos electorales no valen nada, no rinde cuentas ante los órganos del partido ni ante la militancia y, por tanto, no actúa democráticamente. Pierde, así, todo margen de legitimidad que la CE le otorgaría para ejercer el mandato imperativo sobre sus diputados.
En consecuencia, solo los diputados del PSOE que se salten la disciplina de voto estarán actuando de forma estricta y honestamente constitucional, en salvaguarda de la democracia española. El resto lo hará únicamente en defensa de un dirigente sin control democrático que solo se guía por sus intereses personales.
*Doctor en Comunicación Audiovisual
