El nuevo mandato de Pedro Sánchez arranca en medio de un ruido atronador y mucha furia. El presidente está, según sus socios, en libertad vigilada y rindiendo cuentas cada mes en Suiza ante desconocidos mediadores internacionales. Quien intente jugar a adivino sobre el devenir de la política nacional fallará porque la experiencia reciente enseña que todo es posible. Los límites cambian según las circunstancias. Extremadura va a necesitar mucho empuje para hallar solución a sus problemas entre la extensa retahíla de promesas a minorías radicales y pedigüeñas ya comprometidas.
El reciente debate de investidura acaba de confirmar la lamentable degradación de la política. Los modales zafios y el maniqueísmo ya se han impuesto como norma. El vacío de ideas aleja las discusiones de los problemas reales y los centra en la lucha partidaria. El cinismo impregna los discursos. Quien aboga por la concordia degüella verbalmente al oponente sin avergonzarse. El seguidismo acrítico de sus señorías y la ceguera cavan una trinchera entre españoles, otra vez rumbo a la fractura en mitades irreconciliables.
La legislatura comienza de la peor de las maneras, con cargas, agresiones a partidos y la discordia por bandera. El enconamiento y las calles tomadas por los manifestantes recuerdan a las noches de tensión vividas en pleno «procés», solo que esta vez con los agitadores al otro lado de las barricadas y un coro distinto de plañideros dispuesto a rentabilizar el victimismo. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Harían los políticos un enorme bien a la sociedad dejando de tensar la cuerda y de usar frívolamente palabras gruesas. Empezando por los socialistas, no pueden tomar por fascistas a la mitad de los españoles por pensar de otra manera, y continuando por los conservadores, España no avanza hacia ninguna dictadura.
La primera ley, la que va a marcar a fuego este periodo, será la de amnistía. El PSOE ha asumido en un giro radical el relato de los independentistas para revestir de afán de concordia y perdón una simple transacción a cambio de siete votos. Los promotores de la revuelta no admiten responsabilidad alguna y todavía, desde la tribuna de la investidura, volvieron a reafirmarse en sus conductas, amenazando con repetirlas al mínimo incumplimiento. Para muchos ciudadanos de buena fe, una actitud humillante. Quienes critican este arriesgado juego ven en la amnistía un caballo de Troya para desarmar la Constitución. Quienes defienden el acercamiento perciben la retórica excesiva como una farsa y piensan que pactar ya supone para los secesionistas una derrota y entrar por el aro de la legalidad. Creerlo es cuestión de fe, el tiempo dirimirá la duda. ¿Pero a qué precio? Inaceptable entregando a pedazos la igualdad y el Estado de Derecho.
«No queremos la lista de la compra, sino el supermercado entero», espetó en el debate uno de los nuevos socios del gobierno. Extremadura ya sabe a lo que atenerse. Va a abrirse la caja de la financiación autonómica, con premio para quien gestionó mal e incurrió en gasto desmedido y corre peligro tomar en cuenta, como reivindica la Junta extremeña, la despoblación y el envejecimiento que lastran esta región. Llegan más subidas de impuestos -de las pocas medidas anunciadas- para gasto social y pagos a la cofradía del sustento, una confederación extractiva con fuerzas tuneadas como progresistas que defienden fueros decimonónicos y otras tan elásticas, tan de goma, que votaron a Feijóo y a Sánchez.
En provincias como Cáceres, la actividad económica necesita imperiosamente un acelerón para garantizar el relevo generacional; ahora hay 1,6 trabajadores en activo por cada pensionista
Si la vuelta del caciquismo en una versión moderna va a regir a partir de ahora el modelo territorial, no es para asentir con docilidad ni cruzarse de brazos. En provincias como Cáceres, la actividad económica necesita imperiosamente un acelerón para garantizar el relevo generacional; ahora hay 1,6 trabajadores en activo por cada pensionista. Y los pensionistas extremeños tienen las prestaciones más bajas del país. Crear empleo y aumentar la productividad constituye un imperativo de supervivencia. Una España de dos velocidades acabará consolidándose si unos gozan de ventajosos privilegios por influjo de los equilibrios en el alambre y otros padecen demoras eternas como los enlaces ferroviarios dignos y competitivos con Madrid, parones en obras -como ocurre en la autovía entre Cáceres y Badajoz- o se incumplen compromisos que corren peligro de desvanecerse en el tiempo, como la recuperación del tren Ruta de la Plata.
Nadie sabe dónde desembocará el recorrido que acaba de iniciarse. Pero sí que desde los primeros pasos a Extremadura no le conviene permanecer muda, escéptica o ausente. Va a ser una legislatura para agudizar la atención. Para que los dirigentes de la región luchen por hacerse oír y muestren criterio. Para reivindicar con valentía protagonismo en defensa del interés de los extremeños, conjurando sus miedos y calmando los ánimos. Para empezar a hablar, de verdad, con voz propia. Los parlamentarios socialistas de Extremadura han asegurado que el pacto que ha investido a Sánchez como presidente beneficiará también a la región que representan y que tienen el deber de defender, por encima de cualquier otro interés, al igual que los representantes elegidos del PP y Vox. Ante todo, el futuro de Extremadura. No cabe otro camino.
Si la vuelta del caciquismo en una versión moderna va a regir el modelo territorial, no es para asentir con docilidad ni cruzarse de brazos.
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