Señalamiento

Hay nombre para lo que la diputada Miriam Nogueras dijo el martes en el Congreso, y lo que dijo fue: «Personajes indecentes como Marchena, Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros, en un país democráticamente normal serían cesados y juzgados de inmediato». Se trata de señalamiento. Y, lamentablemente, los diccionarios no recogental acepción, que es de naturaleza política y que, en el caso de la diputada de Junts, consistió en identificar a esas personas, señalándolas, no solo como indecentes sino como jueces en un país donde no son cesados ni juzgados porque es un país que no es democráticamente normal, según la diputada. La acepción, por si la RAE lo tiene a bien, puede definirse como «acción que se realiza para dar una indicación directa sobre un objetivo», más o menos. ¿Con qué fin, la indicación? ¿Con qué fin, el objetivo? Por supuesto, un terrorista sabría qué hacer, pero no hay que dramatizar. El objetivo, hoy, puede ser la cancelación, gracias a la llamada cultura de la cancelación, otro fenómeno político cuya definición sería «boicotear a una persona u organización por considerar que sus opiniones o sus hechos son inadmisibles, es decir, políticamente incorrectos». A decir verdad, la cultura de la cancelación, más que a organizaciones y hechos,es de aplicación sobre todo a personas, a quienes se cancelan por sus opiniones, ya sea en los medios de comunicación, las universidades, etcétera. Lo cierto es que cada día hay más cancelados, por lo que no sería de extrañar que se termine por cancelar también a los jueces: bastaría con que las sentencias se consideren opiniones.

La amnistía para los afectados por lawfare (o «persecución judicial», según la traducción recomendada por la Fundéu) no solo evita que se beneficien quienes han cometido delitos comunes sino que favorece únicamente a quienes, aun estando acusados por delitos de otra naturaleza, se consideran víctimas de una persecución judicial por promover el derecho a la independencia de su país

En todo caso, el señalamiento de la diputada Nogueras no fue difamatorio (pese a que deberían ser «cesados y juzgados de inmediato») ni ofensivo (pese a «indecentes» y a «personajes»), como prueba el que la presidenta del Congreso no la interrumpió ni le pidió que retirara sus palabras. El señalamiento de la diputada estabajustificado por el lawfare, que se incluye en la ley de amnistía y cuya traducción sería «guerra jurídica», a partir de la definicióndel diccionario de Cambridge («acciones legales para ocasionar problemas a un oponente») y, sobre todo,de la del diccionario de Oxford, que precisa un poco más: «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo». Sobre todo de la del diccionario de Oxford, urge la aclaración, porque eso es exactamentelo que la diputada Nogueras piensa, puede que hasta lo crea: que hay o hubo «acciones judicialescomo parte de una campaña en contra de un país», siendo el país Cataluña, ni que decir tiene. La definición del Oxford English Dictionary debió de excitar mucho a los independentistas, cuando la conocieron y ya sabían que, si daban su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, habría una ley de amnistía, solo que debía ser selectiva, esa ley de amnistía. Por definición, la amnistía es general, en tanto que afecta a todos los que han cometido algún delito. Sin embargo, la amnistía para los afectados por lawfare (o «persecución judicial», según la traducción recomendada por la Fundéu) no solo evita que se beneficien quienes han cometido delitos comunes sino que favorece únicamente a quienes, aun estando acusados por delitos de otra naturaleza (Laura Borrás por prevaricación y falsedad documental, por ejemplo, o Gonzalo Boye por blanqueo de capitales, o Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo), se consideran víctimas de una persecución judicial por promover el derecho a la independencia de su país.

Así que la respuesta del Consejo General del Poder Judicial que hizo pública el viernes el presidente interino, Vicente Guilarte, no fue la habitual retórica institucional, como demuestra la petición que incluía: “Déjennos en paz”. En tales casos, como es sabido, suele añadirse la abnegación, es decir: «Déjennos trabajar en paz». Pero no fue así. La sequedad de ese «Déjennos en paz» dice más, mucho más.

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