Nos cierran Almaraz y nos dejan un “cementerio nuclear”

La ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen sigue en sus treces, y mantiene que el acuerdo que en 2019 fijaba el calendario de cierre del parque nuclear debe de cumplirse, y que «las Empresas no pueden pretender ahora que sean los ciudadanos quienes paguen el costo de almacenamiento de los residuos generados por las Centrales Nucleares».

Falta a la realidad la señora ministra, por que lo mismo que insiste una y otra vez en que el acuerdo está cerrado, también tenían «firmado y cerrado» el acuerdo con las Empresas de cual sería el costo final que tendría el almacenamiento de los residuos y la Tasa ENRESA a pagar por cada kWh. generado, y sin embargo, de forma «unilateral», el pasado 25 de junio, con el Real Decreto 589/2024, se modifica la tarifa a las centrales nucleares en explotación, incrementándose en un 30%, incumpliendo así lo acordado en 2019. El nuevo valor de 1,036 céntimos de €/kWh., les supone a las Eléctricas un 29% de carga fiscal. Teniendo en cuenta que el precio medio del mercado OMIE es de 3,621 céntimos de €/KWH.. si añadimos a esa Tasa el resto de Impuestos que soporta la Energía Nuclear, vemos que solamente en impuestos se supera el precio de mercado de la electricidad. Las empresas eléctricas, a través del Foro Nuclear, ya han presentado dos recursos contra ese 7º PGRR (Plan de General de Residuos Radioactivos).

Inicialmente se preveía almacenar todo este material en un almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Castilla-La Mancha), en cuyo proyecto centenares de técnicos han invertido alrededor de un millón de horas. Con el nuevo PGRR se opta por construir siete almacenes individuales (ATI), uno por central, lo que implicará un importante aumento en el coste de gestión de los residuos radiactivos.

Uno de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, Javier Dies (catedrático de Ingeniería Nuclear y reconocido internacionalmente en el campo nuclear) presentó un voto contra la aprobación del Plan considerando que la opción de siete ATI frente al ATC era muy inferior técnicamente. Esta opinión coincide con la mayoría de los expertos. El propio Ayuntamiento de Villar de Cañas ha recurrido contra el abandono del proyecto del ATC.

En el 7º PGRR se reconoce que se ha considerado «inviable» disponer de un ATC, la opción mas barata y segura, debido a «las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza». ¿Y en Extremadura si hay consenso para aceptar un Almacen Nuclear que quedará por decena de años después del cierre de la Central?

Se trata, por tanto, de una decisión Política que pone en riesgo futuro los emplazamientos de las actuales centrales, que se ven condenadas a soportar ‘Almacenes Nucleares’ decenas de años después de su cierre, se calcula que hasta el año 2073.

Lo que la realidad demuestra es que el ritmo de cumplimiento del PNIEC está por debajo de lo previsto -principalmente en almacenamiento- y que esta situación genera grandes riesgos para poder cumplir con el calendario previsto

Además, el Gobierno nuevamente maquilla la realidad y justifica la revisión de la tasa en que «los cálculos de la recaudación que es necesario efectuar para financiar los servicios proporcionados por ENRESA han variado por la inflación real de los años 2021, 2022 y 2023, claramente superiores a las consideradas en los cálculos que, en el año 2019», la realidad es que en ese periodo la ‘bolsa’ que tiene Enresa acumulada le han generado importantes beneficios. En el informe del ejercicio de 2023, su presidente dice: « La evolución y comportamiento de los mercados financieros a lo largo del año han generado oportunidades de inversión y se ha cerrado un volumen muy importante de operaciones, tanto a corto como a medio plazo». A finales del 2023, Enresa contaba con Activos Financieros valorados en ¡7.385 Millones de Euros!, que le reportaron una Ingresos Financieros de ¡457 Millones de euros! de ingresos solamente ese año.

El Gobierno, por su parte, todavía no ha solicitado a Red Eléctrica el informe, al que se había comprometido, del impacto sobre el suministro que podría provocar el cierre de Almaraz, y sigue afirmando que las previsiones incluidas en el PNIEC permiten su desmantelamiento. Lo que la realidad demuestra es que el ritmo de cumplimiento del PNIEC está por debajo de lo previsto -principalmente en almacenamiento- y que esta situación genera grandes riesgos para poder cumplir con el calendario previsto. Consultoras como PwC o Metsys consideran que el impacto del cierre puede ser considerable.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que estamos ante una decisión por motivos meramente políticos que va a condenar a Extremadura a perder uno de sus mayores activos económicos, y a soportar durante décadas, ¿sin rechistar?, un ‘cementerio nuclear’, cuando nos venden que cierran Almaraz para protegernos. ¡Ya veréis como las Centrales Catalanas no las cierran!.. n

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