La meritocracia contra los privilegios

En el contexto actual, con el terreno abonado por desidia social, donde inventarse titulaciones académicas ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema mediático, parece adecuado reflexionar sobre la meritocracia, tan vilipendiada por algunos grupos (ahora se entiende la discrepancia hacia esta vía de ascenso social por valía personal) dado que es la única que evita las injusticias derivadas de un sistema clientelar.

Según la RAE, la ‘meritocracia’ es un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. El término procede del latín merĭtum (’recompensa debida’) y del griego krátos (‘poder’). Se popularizó en el siglo XX como alternativa a los tradicionales sistemas aristocráticos, que reproducían un modelo elitista.

En un sentido más amplio, se refiere a un modelo social o institucional en el que las posiciones de jerarquía, responsabilidades o prestigio dentro de las administraciones públicas se estipulan según el mérito y capacidad individual. Es decir, el puesto se alcanza en función del esfuerzo, el talento y competencias demostradas en pruebas selectivas que son objetivas y transparentes. Es un sistema ausente de herencia y en el que no se contempla la clase social de la persona ni su origen ni su red de relaciones.

En sociedades democráticas avanzadas, como la española, donde el acceso a la educación y a la función pública se configura bajo principios formalmente igualitarios, resulta pertinente analizar hasta qué punto la meritocracia contribuye efectivamente a garantizar la permeabilidad social y la asignación eficiente del talento.

No me voy a referir a la meritocracia en el sector privado, pues las empresas pagan a sus empleados con dinero propio bajo su propia responsabilidad y si no elige a los mejores, no los promociona internamente o no los paga adecuadamente según su valía, corren el riesgo de perderlos o reducir sus beneficios. Me centraré en la meritocracia empleada en el sector público, que es pagado por todos los ciudadanos atravésde sus impuestos, y por ello debe rendir cuentas a la sociedad.

La perentoriedad de examinar sucintamente la meritocracia es qu esu importancia radica en su valor como principio normativo y, sobre todo, desempeña un papel central en la legitimidad de las instituciones y en la cohesión social. Es evidente que cuando los ciudadanos perciben que las oportunidades dependen fundamentalmente del mérito, aumenta la confianza en el sistema y se refuerza el contrato social. Por el contrario, cuando la gente descubre o siente que se hace hueco al nepotismo o cualquier modalidad de favoritismo entonces se deteriora la creencia en el sistema y se erosiona la motivación particular, aumentando en paralelo la desafección política.

Consiguientemente, deberíamos reevaluar el grado de meritocracia efectiva existente en España, para detectar sus fortalezas y fallas, de cara a seguir incidiendo en las políticas orientadas a la promoción de la igualdad por idoneidad en las administraciones públicas como única fórmula tendente a lograr la eficiencia en la atribución del talento, al tiempo que se promueva la escalada social y corrijan o atenúen las brechas de origen.

La meritocracia es el instrumento más adecuado para mitigar las desigualdades sociales, al diseñarse para premiar la dedicación y el talento personal, con independencia de la cuna.

España desde hace décadas, cuenta con una ventaja comparativa importante: la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, la entrada en la universidad pública con precios de matrícula moderados y un sistema muy extendido de becas (cada vez menos exigente), un sistema de selección para la función pública basado en oposiciones, donde el temario es público y la plaza se logra por resultados. Eso que ahora se pretende torticeramente cambiar para que muchos entren por la puerta de atrás.

Todo lo mencionado ha permitido que hijos e hijas de familias trabajadoras puedan llegar a ser ingenieros, profesores, médicos, jueces o funcionarios de alto nivel. El sector público históricamente ha servido de elevador social, ofreciendo estabilidad y proyección profesional y económica a personas procedentes de entornos modestos y humildes, como se puede constatar entre los nacidos desde la década de los 60 en adelante.

Sin embargo, la meritocracia no es perfecta, por ello hay que profundizaren dos aspectos: Suelo de igualdad real (dotando de más recursos públicos al sistema educativo para los más desfavorecidos); evaluación independiente y objetivad el mérito. Sin olvidar que una plaza de funcionario público no debe estar garantizada para toda la vida, por lo que debe someterse a controles periódicos de productividad en la prestación del servicio.

En resumen, la meritocracia no es un lujo ni una utopía, es una exigencia democrática frente a la mediocridad y la única vacuna contra el clientelismo y el nepotismo. Realmente se erige en un arma contra los privilegios.

Julián Mora Aliseda es Catedrático de Universidad