De la coherencia en el tablero

No parecen buenos tiempos aquellos en los que subrayar lo evidente se convierte casi en un acto de subversión. O en el que se generan dudas sobre asuntos en los que los matices son poco menos que ardides en forma de excusas.

Un presupuesto es la expresión económica de las políticas de un gobierno. No cabe ninguna duda. Se pueden aprobar cambios legislativos o poner en pie iniciativas políticas, pero hay escasas excepciones que no deben llevar aparejadas una memoria económica que regule y permita llevarlas a cabo. No es casual que múltiples normas y procedimientos administrativos en nuestro país exijan esta memoria. Lo contrario es correr el riesgo de que el texto termine siendo papel mojado.

Tampoco hay mucho margen interpretativo en el mandato constitucional al gobierno acerca de la presentación de presupuestos. La competencia exclusiva para su presentación para el año siguiente corresponde al ejecutivo, tres meses antes del vencimiento del que está en curso. Es decir, en este momento ya habría vencido el plazo. El legislador, generoso y práctico, dispuso que, en caso de no aprobación, se puedan prorrogar los del ejercicio anterior, evitando una paralización de la acción de gobierno. Tiene toda la lógica de una excepción justificada, que nace para evitar su conversión en norma.

O aprueban sus presupuestos para 2026, que prevén un crecimiento del 6,6% o convoca elecciones para que los extremeños decidan el futuro de sus políticas. Es un ultimátum a su parlamento, paráfrasis del bloqueo político en todo el país, que huele a democracia restauradora

España se dirige hoy con los presupuestos de 2022. No sólo eso: el gobierno ha incumplido de forma sistemática su obligación de presentar y debatir en las Cortes su presupuesto. Aunque sus propios socios lo fueran a tumbar, no parece excesivamente democrático eludir una responsabilidad constitucional. Claro que así se evita que conozcamos las exigencias/condiciones para su aprobación, sorteando el gobierno que sean sus propios aliados los que en vez de mover ficha den un golpe que desbarate todo el tablero.

En el ajedrez político extremeño, María Guardiola ha movido su reina con la precisión de quien sabe que el enroque no basta. O aprueban sus presupuestos para 2026, que prevén un crecimiento del 6,6% o convoca elecciones para que los extremeños decidan el futuro de sus políticas. Es un ultimátum a su parlamento, paráfrasis del bloqueo político en todo el país, que huele a democracia restauradora. Por supuesto que habrán hechos sus cálculos los populares en Mérida, lo que no quita un ápice a que la coherencia sea esa: presupuestos o urnas. Mientras tanto, en el tablero nacional, asistimos a un amago continuo. Sí, pero no. Presentamos, pero mañana. El inmovilismo de gobernar prorrogando por tercer año consecutivo no sólo viola el espíritu constitucional y condena a España a vegetar con un déficit del 2,5% del PIB. Es la muestra de un gobierno no dispuesto a dialogar, ni aún con sus propios apoyos de legislatura. Es la hipocresía del bloqueo consentido: una ‘automoratoria’ como nuevo trofeo a la supervivencia.

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