El calendario político debe atender a las prioridades de Extremadura

La eventualidad de un adelanto electoral en Extremadura cobra cada vez más fuerza ante la imposibilidad de sacar adelante el presupuesto regional para 2026. Hace tiempo que la confrontación en la que vive inmersa (y que contagia a la calle) la política nacional, impregna y destruye cualquier intento de aproximación entre distintas fuerzas en las principales instituciones. Lo vimos el año pasado cuando un pacto presupuestario que se daba casi por hecho entre las dos fuerzas mayoritarias de la comunidad extremeña (PP y PSOE), saltaba por los aires unas horas después de que el ‘decreto ómnibus’ del Gobierno de Sánchez chocara contra la mayoría parlamentaria en el Congreso. Sin entrar en discusiones de fondo ideológico, hay una evidencia clara: la falta de acuerdo para la aprobación de las cuentas de Extremadura, gobierne quien gobierne, propicia un punto de incertidumbre que trasciende la política y alcanza la vida cotidiana de los ciudadanos. Las cuentas públicas no son un trámite administrativo, ni una mera cifra de gasto: son la hoja de ruta con la que se financian los servicios esenciales, se planifican las inversiones y se definen las prioridades de un territorio. Sin ellas, la acción de gobierno se ralentiza, los proyectos se aplazan y la confianza de empresas y familias se resiente.

El bloqueo actual no puede entenderse solo como una pugna entre partidos, sino como un síntoma de una dificultad más profunda: la de articular consensos en un escenario político fragmentado, donde las mayorías parlamentarias son más débiles. La capacidad de diálogo se fractura, la negociación se convierte en quimera y el esencial debate en el parlamento se diluye en una tendencia peligrosa que debilita la democracia. La pluralidad política es una señal de madurez democrática, pero exige también un esfuerzo de diálogo y generosidad que hoy se encuentran en franco retroceso, tanto en las autonomías como a nivel nacional.

Extremadura afronta este desencuentro en un momento decisivo para su futuro, con un montón de proyectos sobre la mesa que exigen esfuerzo común, que son esenciales para salir de los puestos de cola del ránking de renta. Con infraestructuras pendientes, que requieren coraje y arrojo para llevarlas adelante para, así, completar la vertebración del territorio. Por si fuera poco, toda esta ingente tarea a la que se enfrenta la comunidad se produce en un momento económico, cuando menos, delicado. Las buenas cifras de la macroeconomía española se solapan con otras noticias menos tranquilizadoras: la ralentización del crecimiento en Europa se confirma, pese a las revisiones al alza en las previsiones para el conjunto del país por parte del FMI y otras agencias internacionales. Las consecuencias del nuevo orden geopolítico, las guerras, los aranceles impuestos por Trump, completan un oscuro panorama.

En los bolsillos de los ciudadanos se notan los efectos del encarecimiento de la energía y de la inflación con subidas que se están cebando en los productos básicos, como los huevos o la carne. Todo se produce en un momento decisivo para la puesta en marcha de proyectos industriales estratégicos y para modernizar infraestructuras, lo que exige ejecutar de forma eficaz los fondos europeos obtenidos. Sin presupuestos, se limita la capacidad de la comunidad para planificar inversiones y para responder con agilidad a retos como la transición energética o digital.

El tejido empresarial extremeño, en especial las pymes y los sectores agrícolas e industriales, necesita previsibilidad. Las decisiones de inversión no se toman en un vacío político, dependen de la estabilidad institucional y de la certidumbre sobre el marco fiscal y presupuestario. El desacuerdo en la Asamblea no se queda entre las paredes del Parlamento, se proyecta sobre la vida real de miles de extremeños.

Lo importante no es quién gana o pierde en el tablero político, sino cómo se defiende el interés común. La ciudadanía observa con creciente desafección las disputas partidistas, especialmente cuando percibe que las prioridades de los representantes se alejan de las suyas. Los extremeños reclaman certezas, gestión y estabilidad. Exigen, en suma, que se preserve la continuidad institucional y se garantice el funcionamiento de los servicios públicos, sin convertir el presupuesto en una herramienta de desgaste político. España afronta debates sobre la financiación autonómica, la consolidación fiscal y la necesidad de mantener el equilibrio entre inversión y contención del gasto. Bruselas ya advirtió de que 2025 será un año clave para la estabilidad presupuestaria. En ese escenario, comunidades como Extremadura necesitan mostrar solvencia y cohesión interna. No se trata de evitar el conflicto político, sino de gestionarlo con sentido de Estado y con respeto a las reglas del juego democrático.

Pero, si finalmente no hay acuerdo y se abre la puerta a unas elecciones anticipadas, esa posibilidad debe entenderse desde la normalidad institucional, no como una derrota de nadie. Las urnas son un instrumento legítimo de desbloqueo cuando el diálogo se agota, una oportunidad para clarificar proyectos y renovar la confianza de la ciudadanía. Parece difícil que, tras pasar por las urnas, algún partido alcance la mayoría absoluta. Es más que probable que deban tejerse, una vez más, alianzas, y la negociación se antoja una labor titánica. Convendría, en resumen, que todos los actores recordaran que la democracia se mide no solo por la capacidad de decidir, sino también por la de escuchar. Ese ejercicio de escucha mutua, de compromiso real con la gente, y una decisión que devuelva certidumbre y horizonte debe ser la constante. Lo esencial es que los ciudadanos sientan que sus instituciones actúan en su nombre y por su futuro. En fin, una altura de miras que sigue siendo la eterna asignatura pendiente de los políticos españoles.