Almaraz, clave para la transición industrial de Extremadura y la estabilidad energética de toda España

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han dado el paso requerido de forma insistente por parte del Gobierno. El jueves han solicitado formalmente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación necesaria para ampliar la vida de la central cacereña de Almaraz. Agotaron el plazo hasta el punto de que dicha solicitud coincide, en el tiempo, con la acreditación del cierre administrativo para el apagón de los dos reactores, que sigue programado para 2027 y 2028, mientras el Ministerio de Transición Ecológica no se pronuncie en otro sentido, previo informe del CSN que ratifique la viabilidad para, al menos, tres años más.

Las eléctricas han intensificado su ofensiva para solicitar una prórroga que hasta hace pocos meses defendían con discreción, impulsadas por un cambio de escenario después de que el gran apagón de abril haya devuelto el debate nuclear al centro de la agenda energética. Almaraz, que produce el 7% de la electricidad nacional, equivalente al gasto anual de cuatro millones de hogares, es un elemento clave para la seguridad energética y, por tanto, de interés nacional.

La red eléctrica española sigue mostrando vulnerabilidades, con una capacidad de almacenamiento limitada y una excesiva dependencia del gas como respaldo. Tras el apagón del mes de abril, cuyas causas aún no se han esclarecido, Red Eléctrica ha advertido sobre graves alteraciones de tensión y la urgencia de medidas para reforzar la estabilidad del suministro. En este contexto, mantener Almaraz operativa hasta 2030 no es una decisión gratuita, sino responsable.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han rebajado sus condiciones y han aceptado aplazar la vieja batalla fiscal. Ya no condicionan la solicitud de prórroga a una rebaja inmediata de impuestos, aunque mantienen el objetivo de revisar a medio plazo la carga tributaria del sector. Por ahora, se conforman con la reducción progresiva de la tasa regional -más de 80 millones anuales- prometida por el Gobierno extremeño. No es un gesto altruista, pero sí abre la puerta a una negociación que parecía bloqueada. En cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene firmes sus tres líneas rojas: seguridad, garantía de suministro y cero impacto en el recibo de consumidores o en el bolsillo de los contribuyentes. Unas condiciones que no deben usarse como excusa para eludir el debate de si España está dispuesta a asumir los costes de prescindir de su parque nuclear antes de que las renovables garanticen un suministro estable y competitivo.

El Gobierno lo sabe, y aunque su desconfianza hacia las eléctricas persiste, debe afrontar la disyuntiva y aceptar que el calendario de desconexión acordado en 2009 corresponde a un sistema que ya no existe. Entonces, las renovables eran una promesa y hoy son clave, aunque aún insuficientes, sin un respaldo estable. Por ello, una prórroga nuclear en condiciones, con garantías de seguridad, un marco fiscal razonable y un calendario realista, no sería rendirse al pasado, sino apostar por la estabilidad mientras se consolida el futuro y se evita otro apagón.

Alto coste social y económico para Extremadura

Tampoco puede ignorar el Ejecutivo el alto coste social y económico que tendría para Extremadura la desactivación en los plazos previstos, puesto que no se han desarrollado, aún, alternativas que permitan reemplazar los más de 4.000 puestos de trabajo que genera la central en una comarca, Campo Arañuelo, que aspira a convertirse en referencia tecnológica. Pero los proyectos que hubieran podido absorber, al menos, parte del empleo de alta cualificación que se perdería, aún no están suficientemente maduros y la planta sigue siendo determinante para la renta del municipio que la alberga. En eso parecen estar de acuerdo todos los agentes sociales de la región y casi todos los partidos políticos.

Extremadura necesita certezas, España también. No gestos ni excesos ideológicos, sino un Gobierno que entienda que la transición energética no se decreta, se construye. Almaraz, y quizás también otras centrales nucleares, deben seguir siendo, por ahora, el escudo que proteja al país de tropiezos en el camino de la electrificación de nuestro consumo energético, y eso es algo que la ciudadanía respalda ampliamente, también en Extremadura, consciente de la necesidad de garantizar un suministro estable y seguro mientras las renovables se consolidan. El cierre, sin más alternativas, tiene altos costes. Incluido el de la soberanía energética, que defiende la Unión Europea. La alternativa, el gas, nos volvería dependientes de acuerdos comerciales países con problemas de estabilidad política: Estados Unidos, Rusia y Argelia. Y volverían a crecer las emisiones, contradiciendo la línea de descarbonización que se propugna para combatir el cambio climático.

Por supuesto que la garantía de las instalaciones debe certificarse para esa continuidad, aunque Almaraz figura en el ranking de las más fiables, según agencias internacionales. En cualquier caso, y bajo esa premisa de seguridad, la decisión de cierre atendiendo a un calendario prefijado en unas condiciones que nada tienen que ver con el contexto económico y geopolítico actual debe ser revisada, ateniéndose al interés de Extremadura y de España en su conjunto.